Diputados de Argentina aprueban el «Súper Rigi»

La Cámara de Diputados argentina aprobó la media sanción del denominado «Súper RIGI», un régimen de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que ahora deberá ser tratado en el Senado.

El proyecto fue aprobado con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, en una sesión donde el oficialismo consiguió el respaldo de bloques aliados para avanzar con una de sus principales iniciativas económicas.

El «Súper Rigi» genera fuertes cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones que advierten sobre un esquema de privilegios para grandes empresas, especialmente vinculadas a sectores tecnológicos y estratégicos, que implica cesión de soberanía y dependencia tecnológica.

El nuevo régimen plantea beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares, con especial atención a industrias consideradas estratégicas como inteligencia artificial, centros de datos y semiconductores, sectores que el Gobierno busca atraer desde grandes compañías internacionales.

Además, la iniciativa establece que las empresas adheridas pueden someter controversias legales directamente a arbitraje internacional (como el CIADI del Banco Mundial), evitando los tribunales de la justicia local o nacional argentina.

Desde sectores críticos al proyecto señalan que el Súper RIGI representa una profundización del modelo extractivo y una cesión de capacidades estratégicas del Estado frente a empresas extranjeras.

Al no imponer ningún tipo de condicionamiento al uso de la energía y el agua, la diputada de Unión por la Patria Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), señaló que el proyecto se contrapone al mandato de la Carta Magna que busca “garantizar el ambiente para el futuro”.

Asimismo, las objeciones apuntan a que las compañías beneficiadas accederían a condiciones especiales que no alcanzan a las pequeñas y medianas empresas nacionales, mientras que el Estado perdería herramientas para regular áreas consideradas claves para el desarrollo soberano.

La iniciativa ahora deberá continuar en el Senado.