La ley, el desafío y la investidura

Bolivia atraviesa una crisis grave. Los bloqueos prolongados, los enfrentamientos violentos, el desabastecimiento y la creciente tensión política exigen liderazgo, serenidad y capacidad de construir puentes. Justamente por ello, el discurso pronunciado ayer por el presidente del Estado tras la promulgación de la nueva Ley de Estados de Excepción deja más preocupaciones que certezas.

El país esperaba una explicación institucional sobre el alcance de la norma aprobada por la Asamblea Legislativa, y más probablemente, su materialización como declaratoria concreta. O quizá también esperaba señales de avance, llamados a la pacificación y mensajes capaces de reducir la temperatura de una coyuntura ya suficientemente incendiada después de los hechos de San Julián. En lugar de ello, recibió un discurso de confrontación, acusaciones generalizadas y una peligrosa simplificación de un conflicto complejo.

Hay algo que debe quedar claro. La ley promulgada no declara un Estado de Excepción. No restringe derechos en este momento. No militariza territorios. No suspende garantías constitucionales. Lo que hace es regular el procedimiento y los alcances de una figura ya prevista por la Constitución Política del Estado. Nada más y nada menos.

Sin embargo, el tono del mensaje presidencial pareció orientado primero a confundir sobre los verdaderos alcances de la norma y segundo a construir un escenario político donde la excepcionalidad se aplicará ante cualquier discrepancia subsumida bajo la etiqueta del "narcoterrorismo". Se trata de una narrativa riesgosa para una democracia que ya enfrenta suficientes fracturas.

Especialmente preocupantes resultaron las referencias al Chapare y a sus habitantes. Un presidente de todos los bolivianos no puede permitirse criminalizar una región entera ni sugerir que miles de ciudadanos son sospechosos por su procedencia geográfica. La lucha contra el narcotráfico es una obligación del Estado y debe ejercerse con toda la fuerza de la ley. Pero la responsabilidad penal es individual. Nunca colectiva. Mucho menos territorial.

Si este gobierno tiene las pruebas suficientes sobre el papel que juega Evo Morales en los disturbios y en el “narcoterrorismo”, lo que debe de hacer es capturarlo. No necesita un Estado de Excepción para eso.

La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de gobiernos que confundieron territorios con delitos, comunidades con organizaciones criminales o identidades regionales con amenazas políticas. Ninguna de esas experiencias fortaleció la democracia. Todas terminaron profundizando divisiones.

Tampoco contribuye a la pacificación la forma en que el presidente se refirió a la participación de civiles en los desbloqueos. El Estado existe precisamente para evitar que los conflictos sociales se resuelvan mediante la confrontación entre ciudadanos. La misión de las fuerzas públicas es garantizar el orden dentro del marco constitucional, no legitimar escenarios donde grupos civiles terminen enfrentándose entre sí. Celebrar o justificar esas dinámicas supone abrir una puerta peligrosa que Bolivia ya ha cruzado demasiadas veces en su historia.

Si este gobierno tiene las pruebas suficientes sobre el papel que juega Evo Morales en los disturbios y en el “narcoterrorismo”, lo que debe de hacer es capturarlo. No necesita un Estado de Excepción para eso

En medio de ese discurso aparecieron también una serie de anuncios económicos y sociales presentados mediante decretos. Reprogramación de deudas, fondos de garantía, rebajas salariales para autoridades y otros gestos que buscan transmitir cercanía con la población. Sin embargo, resulta difícil no percibirlos como medidas coyunturales destinadas a mejorar el clima político de unas semanas particularmente sensible.

El problema de Bolivia no es la falta de anuncios. El problema es la falta de soluciones estructurales. Ninguno de esos decretos altera las causas profundas de la crisis económica, de la incertidumbre productiva o de la erosión institucional que vive el país. Son paliativos que pueden generar titulares, pero difícilmente transformarán la realidad.

Lo más llamativo es que la propia ley promulgada requería menos épica y más pedagogía. El presidente tenía la oportunidad de explicar con precisión qué cambia y qué no cambia con la nueva normativa. Podía transmitir tranquilidad a una ciudadanía preocupada por la posibilidad de abusos estatales. Podía reafirmar que cualquier medida excepcional seguirá sometida a controles constitucionales y parlamentarios. Podía hablar como jefe de Estado.

Eligió, en cambio, hablar como jefe de una confrontación. Y ahí radica el principal problema. No es buena estrategia trazar líneas de “buenos” y “malos”, y tratar de convencer a los “malos” de que, además, además de “malos”, son tontos.

Las investiduras existen porque las democracias necesitan figuras capaces de representar algo más grande que su propia coalición política. Cuando el país está dividido, el presidente debe ampliar, no reducir; integrar, no segmentar; convocar, no señalar enemigos internos.

La ley promulgada ayer regula estados de excepción. El discurso presidencial, en cambio, era, de nuevo, otro desafío. Y los desafíos pueden servir para movilizar a los convencidos, pero rara vez sirven para gobernar una nación entera.