La salida democrática
No hay ninguna trampa en el planteamiento: Paz Pereira ha dinamitado su legitimidad electoral en apenas seis meses y un referéndum se la podría volver a dar
Lo más sorprendente es el escaso tiempo transcurrido desde la victoria electoral de Rodrigo Paz y Edmand Lara hasta este momento, en el que las protestas y pedidos de renuncia han obligado ya al sector más “institucional” a plantear salidas alternativas, como en este caso, la convocatoria de un referéndum.
El problema es nítido. Rodrigo Paz Pereira ha perdido la confianza de sus electores – el mapa de resultados está vigente y es bastante claro -, pero tampoco ha logrado “conquistar” a quienes no le votaron. Los que le votaron cuestionan su proceder desde el primer día, cuando apartó a Edmand Lara, abrazó a Estados Unidos e Israel, corrió a buscar créditos externos, elevó el precio de los combustibles y se esforzó por complacer a las grandes corporaciones – mineros, agroindustriales, etc., - que siguen siendo los que tienen los dólares. Desde que estallara el conflicto, el tratamiento despectivo que se le ha dado no ha hecho más que aumentarlo. Llamarlos vándalos, vincularlos al narcotráfico o ridiculizarlos poniendo voces en plenarias; además de prometer cambios de gabinete sin hacerlos, no ha ayudado.
Toda esa incapacidad de negociar o de utilizar la fuerza pública – no es necesario un Estado de Excepción para controlar el orden público – se paga al final en forma de tasas de interés.
La cuestión es que tampoco ha logrado encontrar ayuda real al otro lado, que le siguen exigiendo mucho más de lo que puede conceder, y que ya le exigen “mano dura” contra los bloqueos, lo que con seguridad implicaría una elevación de violencia con consecuencias predecibles.
La falta de iniciativa del Gobierno en esta coyuntura, con un mes de movilizaciones sin situaciones de diálogo real ni avance alguno está dañando sobre todo a la ciudadanía de La Paz, pero también a cualquier proyecto de estabilidad y desarrollo a mediano plazo. ¿Qué seguridad jurídica puede ofrecer un gobierno que no puede controlar una protesta por ninguna vía durante un mes? Toda esa incapacidad de negociar o de utilizar la fuerza pública – no es necesario un Estado de Excepción para controlar el orden público – se paga al final en forma de tasas de interés.
El diputado Carlos Alarcón propuso un revocatorio extraordinario que secundó Andrónico Rodríguez y que posteriormente fue matizado por aquello de no darle otra patada a la Constitución Política del Estado, tan magullada en tan breve tiempo, y varios expertos propusieron un simple referéndum con el que el gobierno mida en verdad su apoyo y actúe en consecuencia.
No hay ninguna trampa en el planteamiento: Paz Pereira ha dinamitado su legitimidad electoral en apenas seis meses. En estos tiempos de hemerotecas digitales y participación horizontal en redes sociales, la democracia no puede ser votar cada cinco años por las fantasías que nos contaron y al día siguiente, “si te he visto no me acuerdo”. Las promesas de campaña son vinculantes en un sentido superior al legal, aunque pocos políticos se lo crean.
Los movilizados deben calibrar sus fuerzas y darse cuenta del momento y el impacto que están dejando. Pase lo que pase, el gobierno ya tiene culpables a los que responsabilizar del rumbo que tome la economía en los próximos meses, que desde luego no parece que será el mejor.
Es verdad que hay que revisar procedimientos y figuras; es verdad que se podrían incluir otras consultas con ajustes pertinentes – como la elección judicial pendiente o los temas de Estatutos – y es muy verdad que hay que repasar la legitimidad del árbitro, pero, en cualquier caso, nadie debería temerles a las ánforas. La respuesta siempre está en los ciudadanos. En el pueblo soberano.
