Dividendos que se van, responsabilidades que se quedan
Dividendos bancarios por USD 88 millones salieron a paraísos fiscales en plena crisis de divisas y tensión sobre el ahorro previsional.
Los documentos son oficiales. Están depositados en la Bolsa Boliviana de Valores. No son filtraciones ni conjeturas. Son actas de juntas ordinarias de accionistas que consignan montos, destinos y beneficiarios. El resultado consolidado es inequívoco: en las gestiones 2024 y 2025, USD 88 millones en dividendos de la banca boliviana salieron hacia jurisdicciones con impuestos nulos o mínimos.
Panamá encabeza la lista con USD 57 millones, el 65% del total offshore. Le siguen Países Bajos y otras jurisdicciones europeas, Bermudas, Luxemburgo, Suiza, Dinamarca y Estados Unidos. La ingeniería societaria que lo permite no es improvisada; es estructural. Las cadenas accionarias están diseñadas para que la rentabilidad generada en Bolivia encuentre rápidamente un domicilio fiscal más benigno.
El dato clave no es solo el monto. Es el contexto.
Bolivia atraviesa una crisis de divisas prolongada. El tipo de cambio paralelo presiona, la liquidez en dólares es escasa y la estabilidad macroeconómica depende en gran medida de preservar reservas y confianza. En ese escenario, la salida sistemática de utilidades hacia paraísos fiscales no es neutra. Es una señal.
La ley lo permite, pero la pregunta es otra: ¿puede el sistema financiero expatriar utilidades mientras el ahorro laboral que lo fondea pierde valor y el país enfrenta una de sus mayores restricciones externas?
La legalidad del mecanismo no está en discusión. El marco normativo vigente permite la distribución de dividendos y su transferencia al exterior. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿es razonable que, en medio de una restricción externa severa, el sistema financiero opere con la misma lógica distributiva que en tiempos de abundancia?
La arquitectura es clara. Los bancos se fondean, entre otras fuentes, con el ahorro de los trabajadores administrado por la Gestora Pública. Más del 50% de la cartera del Fondo de Pensiones está invertido en instrumentos bancarios, incluidos bonos subordinados en bolivianos. Esos recursos permiten apalancamiento, expansión crediticia y generación de utilidades. Las utilidades se convierten en dividendos. Los dividendos se transforman en dólares al tipo oficial y viajan a Panamá, Bermudas o Luxemburgo. El ahorro laboral permanece en moneda local, erosionado por la inflación y la devaluación implícita.
La asimetría es evidente.
El caso del BCP, cuyo capital pertenece íntegramente a estructuras extranjeras con matriz en Bermudas, ilustra cómo los beneficios pueden salir incluso sin intermediación societaria local. El de BancoSol plantea una paradoja distinta: una institución que se presenta globalmente como modelo de finanzas con impacto social, pero que distribuye la mayor parte de sus utilidades hacia fondos europeos y estadounidenses, financiados en parte por créditos a microempresarios bolivianos con tasas activas que pueden superar el 30% anual.
Nada de esto invalida el aporte crediticio del sistema financiero ni su rol en la intermediación. Tampoco convierte automáticamente la inversión extranjera en algo negativo. Lo que sí obliga es a discutir coherencia y prioridad.
Si el ahorro previsional —que constitucionalmente tiene carácter de derecho laboral prioritario— está expuesto a riesgos cambiarios y de mercado, ¿no debería el regulador condicionar la distribución de dividendos al fortalecimiento patrimonial y al cumplimiento estricto de obligaciones subordinadas? Si existen instrumentos regulatorios para moderar la expatriación de utilidades en contextos críticos, ¿por qué no se utilizan?
La respuesta no puede limitarse a la formalidad jurídica. Una economía no se sostiene únicamente con balances positivos y cumplimiento normativo. Se sostiene con percepción de equidad. Cuando los trabajadores observan que sus ahorros pierden valor real mientras las utilidades se canalizan hacia jurisdicciones de cero impuesto, la confianza se resiente.
El sistema financiero depende, más que ningún otro sector, de la confianza.
La discusión que Bolivia necesita no es ideológica. Es estratégica. ¿Queremos una banca sólidamente capitalizada en el país o una banca eficientemente estructurada para expatriar rentabilidad? ¿Queremos maximización de retorno de corto plazo o estabilidad de largo plazo en una economía frágil?
USD 88 millones pueden parecer marginales en términos globales. Pero en un país con restricción externa severa, cada dólar cuenta. Y cada decisión corporativa también comunica.
La legalidad puede ser el piso. El compromiso con la economía que genera esas utilidades debería ser el estándar.
