Ganancias lejanas, responsabilidades cercanas
Que sea legal no significa que sea suficiente: en plena crisis, mientras el ahorro de los trabajadores sostiene a la banca, las utilidades viajan a estructuras offshore sin que exista una señal clara de compromiso con la estabilidad económica del país.
Quién es dueño de un banco no es un dato anecdótico. Es una pregunta estructural. Porque determina, en última instancia, hacia dónde fluye el dinero que ese banco genera. Y en el caso boliviano, la respuesta conduce —una y otra vez— fuera del país.
La investigación publicada por este medio revela un patrón consistente: detrás de los quince bancos que operan en Bolivia aparecen sociedades offshore en Panamá, holdings en Bermudas, fondos en Luxemburgo y complejas arquitecturas corporativas que diluyen la titularidad última antes de desembocar en familias empresariales o estructuras transnacionales. Nada de ello es, en sí mismo, ilegal. Pero sí es profundamente revelador.
En un momento en que Bolivia atraviesa la peor crisis de divisas en décadas, cuando la estabilidad macroeconómica está tensionada y el ahorro interno es más necesario que nunca, las utilidades récord del sistema financiero no solo se celebran en juntas de accionistas locales. También se convierten en dividendos que viajan, con notable eficiencia, hacia jurisdicciones diseñadas para optimizar carga fiscal y resguardar capital.
El caso del Banco BISA es paradigmático: una cadena societaria que conecta Cochabamba con Panamá en cuestión de días y permite que cientos de millones de bolivianos en dividendos asciendan hasta estructuras controladas desde el exterior. El Banco Mercantil Santa Cruz, el BNB, el Banco Económico y otros actores relevantes muestran variaciones de un mismo esquema: concentración familiar o corporativa en Bolivia, complementada con vehículos offshore que garantizan discreción y eficiencia fiscal.
El punto no es demonizar la internacionalización del capital. Bolivia forma parte de una economía globalizada, y la inversión extranjera —bien regulada— puede ser positiva. El problema surge cuando el diseño estructural del sistema permite que los beneficios generados con ahorro boliviano, en un contexto de crisis interna, se extraigan sin que exista una contraparte clara de compromiso con la estabilidad nacional.
La discusión no es técnica; es moral y estratégica. Un sistema financiero no es un enclave aislado. Su rentabilidad depende de la estabilidad del país en el que opera
Porque aquí hay un elemento que no puede ignorarse: más del 52% de la cartera del Fondo de Pensiones está invertido en instrumentos bancarios. Son los aportes de 2,7 millones de trabajadores los que sostienen, en buena medida, el fondeo del sistema financiero. Parte de esos recursos está colocada en bonos subordinados en bolivianos que han perdido valor real de manera significativa desde el inicio de la crisis cambiaria.
La asimetría es evidente: mientras el ahorro laboral asume el riesgo cambiario y la erosión inflacionaria, los accionistas pueden convertir dividendos a dólares al tipo oficial y transferirlos al exterior. Puede ser legal. Pero ¿es legítimo en términos sociales? ¿Es sostenible en términos políticos?
La discusión no es técnica; es moral y estratégica. Un sistema financiero no es un enclave aislado. Su rentabilidad depende de la estabilidad del país en el que opera. Si la arquitectura societaria está diseñada prioritariamente para proteger y expatriar utilidades, el mensaje que se envía es claro: el riesgo se queda, la ganancia se va.
El caso del Banco Fassil agrega un elemento inquietante. Más de USD 1.250 millones del Fondo de Pensiones estaban invertidos en instrumentos vinculados a una entidad intervenida, cuyos bonos subordinados ocupan la última prelación de pago. A la fecha de cierre de la investigación, ni la Gestora Pública ni la Autoridad de Pensiones habían proporcionado información actualizada y detallada sobre la situación real de esas inversiones. El silencio institucional no ayuda a reconstruir confianza.
Bolivia necesita capital. Necesita banca sólida. Necesita inversión. Pero también necesita coherencia entre discurso y práctica. En tiempos extraordinarios, el compromiso no puede limitarse al cumplimiento formal de la norma. La optimización fiscal puede ser una estrategia empresarial racional; no necesariamente es una estrategia responsable cuando el país que genera esas utilidades enfrenta restricciones severas.
Es momento de abrir un debate serio sobre el marco regulatorio que permite esta arquitectura, sobre la transparencia en la información previsional y sobre la responsabilidad social efectiva de quienes controlan el capital financiero. No se trata de castigar el éxito. Se trata de preguntarse qué significa prosperar en medio de la dificultad colectiva.
Una economía no se sostiene solo con balances positivos. Se sostiene con confianza. Y la confianza se construye cuando quienes más ganan demuestran que su apuesta por Bolivia no termina en la frontera contable.
