Utilidades récord, compromiso pendiente
La banca nacional ha alcanzado sus mejores registros en un año especialmente malo para todo el país. Gran parte de esos recursos se va a paraísos fiscales
En el peor año de la crisis de divisas que recuerde Bolivia en décadas, el sistema financiero registró utilidades históricas: USD 540 millones en 2025, un 42,3% más que el año anterior. Mientras las familias hacían filas ante cajeros sin efectivo, el combustible escaseaba y el dólar se convertía en un bien incierto, los balances de los bancos brillaban robustos y felices.
La ley no prohíbe ganar dinero. Tampoco prohíbe distribuir dividendos al exterior cuando la estructura accionaria así lo determina. Pero la discusión de fondo no es estrictamente legal; es ética, económica y política. En un momento en que el país atraviesa tensiones severas de liquidez y confianza, cabe preguntarse si el sistema financiero está haciendo todo lo posible por arrimar el hombro para superar la crisis.
Los datos publicados por la ASFI muestran que parte sustantiva de esas utilidades provino de ingresos no recurrentes vinculados a transferencias y comercio exterior, en un contexto de fuerte diferencial cambiario. El arbitraje fue rentable. Muy rentable. Sin embargo, la economía real —productores, comerciantes, trabajadores— operó bajo un escenario de encarecimiento, incertidumbre y pérdida de poder adquisitivo.
El reportaje de investigación de este medio documenta que hasta USD 88 millones en dividendos salieron hacia jurisdicciones offshore durante 2025, con Panamá como principal destino. El caso del Banco BISA, con una estructura corporativa que conecta Cochabamba con Centroamérica en cuestión de días, ilustra cómo una parte relevante de las utilidades generadas en Bolivia termina fuera del país. Reiteremos: puede ser legal. Pero eso no agota la discusión.
El sistema financiero boliviano se nutre fundamentalmente del ahorro interno, es decir, de los recursos que los trabajadores depositan en la Gestora Pública para cobrar su pensión en el futuro, y que por cierto, suele ser de montos miserables. Los fondos de pensiones mantienen una exposición significativa a instrumentos bancarios, incluidos bonos subordinados, sin garantías de mantenimiento de valor ni posibilidades de participación. Esos recursos —resultado de años de aportes laborales— sostienen el apalancamiento y la rentabilidad del sistema. Cuando el valor real de esos instrumentos se erosiona por la devaluación y la inflación, la asimetría se vuelve evidente: el riesgo se socializa; la ganancia se concentra.
Cuando el valor real de esos instrumentos se erosiona por la devaluación y la inflación, la asimetría se vuelve evidente: el riesgo se socializa; la ganancia se concentra.
No se trata de demonizar a la banca. Un sistema financiero sólido es condición indispensable para cualquier proceso de recuperación económica. Pero solidez no es sinónimo de indiferencia. En tiempos extraordinarios se requieren conductas extraordinarias. Si el país enfrenta restricciones externas severas, si la confianza es un bien escaso, la pregunta es si corresponde mantener intacta la lógica habitual de distribución de utilidades o si debería priorizarse la capitalización interna, el fortalecimiento patrimonial y la protección explícita del ahorro previsional.
Tampoco ayuda el silencio institucional. La falta de información actualizada por parte de la Gestora Pública y la Autoridad de Pensiones sobre la situación detallada de las inversiones alimenta la desconfianza. Transparencia no es un gesto político; es una obligación cuando están en juego los ahorros de 2,7 millones de trabajadores.
La Constitución y las leyes reconocen la prioridad de los derechos laborales. Si los fondos de pensiones financian al sistema, resulta razonable discutir si la distribución de dividendos debería condicionarse, en contextos críticos, al cumplimiento estricto de obligaciones con esos fondos y a la preservación de su valor real.
El país necesita responsabilidad compartida. El Gobierno debe revisar marcos regulatorios que hoy permiten una aritmética que socializa riesgos y privatiza beneficios. Los reguladores deben ejercer control efectivo y garantizar información pública oportuna. Y la banca, que ha demostrado capacidad para generar utilidades incluso en la adversidad, debería demostrar también liderazgo y compromiso con la estabilidad nacional.
No se trata de castigar el éxito empresarial. Se trata de entender que ninguna institución financiera prospera en una economía que se deteriora. La confianza es el principal activo del sistema. Y esa confianza se construye cuando quienes concentran capital muestran, en los momentos difíciles, que su apuesta por Bolivia es algo más que contable.
La crisis pasará. La memoria social sobre quiénes contribuyeron a superarla, también quedará.
