El valle que se fragmenta

El fraccionamiento irregular de tierras productivas en el valle central de Tarija ya no es un rumor ni una denuncia sectorial: es un problema estructural que empieza a mostrar todas sus aristas. Lo que hoy ocurre en Uriondo, Cercado y otras zonas vitivinícolas no solo amenaza la producción agrícola, el paisaje y el agua; también revela la ausencia de una política integral de ordenamiento territorial y vivienda que termine beneficiando a nadie y perjudicando a todos.

La alarma encendida por la Brigada Parlamentaria, los viticultores y el empresariado no es exagerada. Parcelar suelos agrícolas en lotes semi urbanos ilegales para dar respuesta a necesidades habitacionales, abrir calles improvisadas, tapar quebradas y alterar sistemas de riego no es desarrollo: es pan para hoy y hambre para mañana. Se destruye suelo fértil, se pone en riesgo la seguridad alimentaria y se hipotecan actividades que hoy sostienen buena parte de la economía tarijeña, como la vitivinicultura, el turismo y la producción de alimentos.

Proteger los viñedos, el agua y el paisaje no es un capricho romántico ni una traba al progreso. Es, justamente, preservar uno de los pocos motores sostenibles que le quedan al departamento

Pero reducir el debate a una defensa corporativa del agro sería incompleto. Detrás de estos loteamientos también hay una realidad incómoda: el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible para las familias jóvenes tarijeñas. Comprar un terreno o una casa dentro del área urbana formal es, para muchos, una quimera. Los precios se han disparado, la planificación no acompaña el crecimiento demográfico y el Estado —en todos sus niveles— ha sido incapaz de ofrecer alternativas reales, legales y accesibles.

Ese vacío es el que aprovecha el mercado informal de tierras. Familias endeudadas o que necesitan financiación venden, compradores desesperados compran, y en el medio se consolida un modelo de expansión caótica que no respeta leyes, ni vocación productiva del suelo, ni criterios ambientales y que después generarán enormes costos al tener que ofrecer servicios. Nadie gana a largo plazo: ni el productor que pierde su tierra, ni la familia que adquiere un lote sin servicios, sin seguridad jurídica y sin futuro claro.

La ley es clara al prohibir el fraccionamiento de la pequeña propiedad agrícola, pero la norma, sin control ni políticas complementarias, se vuelve letra muerta. No basta con frenar loteamientos ilegales si no se enfrenta el problema de fondo: Tarija necesita una política seria de suelo, vivienda y desarrollo territorial, coordinada entre el INRA, las autonomías municipales y el nivel departamental. Necesita definir dónde se expande la ciudad, cómo se protege el valle productivo y qué alternativas habitacionales se ofrecen a una generación que quiere quedarse, trabajar y construir su vida aquí.

Proteger los viñedos, el agua y el paisaje no es un capricho romántico ni una traba al progreso. Es, justamente, preservar uno de los pocos motores sostenibles que le quedan al departamento. Pero esa protección debe ir de la mano de soluciones urbanas modernas, densificación planificada, vivienda social bien ubicada y reglas claras para todos.

El valle central no puede convertirse en un mosaico de urbanizaciones fantasmas ni en un botín de corto plazo. Si Tarija quiere futuro, debe entender que el territorio es finito y que gobernarlo bien es una responsabilidad política impostergable. Porque cuando se pierde el suelo fértil, el agua y el orden, lo que se erosiona no es solo la tierra: es el proyecto colectivo.