Cartas que ya no llegan
El Día de Mandar una Carta a un Amigo encuentra a Bolivia sin correo público, como si la comunicación básica fuera un lujo prescindible.
Este sábado 7 de febrero se celebra en varios países el Día de Mandar una Carta a un Amigo. Una conmemoración sencilla, casi nostálgica, que invita a escribir a mano, poner un sello y confiar en que el mensaje llegará a destino. En Bolivia, el gesto roza la ironía: no existe un correo público operativo desde hace años. Quizá en realidad nunca funcionó como debería, pero al menos cubría las formalidades. La situación de hoy no tiene que ver con que la tecnología lo haya vuelto obsoleto, sino con que el Estado decidió cerrarlo sin reemplazarlo por nada advirtiendo que no era un negocio rentable – que sí lo es para infinidad de courriers a los que se entregan datos sensibles y cuestiones vitales.
La anécdota sirve como espejo. Un país que no puede garantizar algo tan elemental como el envío de una carta es un país que ha aceptado la precariedad como norma. Porque el correo no es un servicio romántico del pasado: es una infraestructura básica que acompañó algunos de los hitos más decisivos de la humanidad. El Imperio persa consolidó su poder con un sistema postal eficiente; Roma articuló su vasto territorio gracias a rutas y mensajeros; los Estados modernos se organizaron administrativa, fiscal y jurídicamente sobre redes postales nacionales. Incluso las revoluciones —de la ilustración europea a los procesos independentistas americanos— circularon primero en papel y sobres.
Desde los imperios antiguos hasta la formación de los Estados modernos, el correo fue una columna vertebral del desarrollo. Su desaparición en Bolivia no es una anécdota: es una renuncia.
En Bolivia, en cambio, el cierre del correo estatal se resolvió como quien apaga una luz y se va. Sin transición, sin alternativa pública, sin debate serio. El fracaso ya se había consolidado mucho antes con un país con infinidad de calles sin nombres, cuadras sin numerar y barrios enteros sin un mínimo de orden y código postal. El correo quedó ligado al teléfono y ya.
El resultado de la ineficiencia y escasa mirada fue una privatización de facto: hoy enviar documentos, encomiendas o correspondencia depende de empresas privadas con costos elevados y cobertura desigual. En las ciudades grandes, el problema se disimula; en áreas rurales y regiones periféricas, directamente se traduce en exclusión.
No se trata de negar el avance de lo digital. El correo electrónico, la mensajería instantánea y las plataformas en línea han transformado la comunicación global. Pero ningún país serio confunde modernización con abandono. En todo el mundo, los correos públicos se han reconvertido, diversificado servicios, incorporado logística, comercio electrónico, trámites estatales y presencia territorial. Aquí, simplemente desaparecieron.
El problema de fondo no es una carta que no se puede enviar, sino lo que simboliza: un Estado que renuncia a garantizar servicios esenciales y deja que el mercado decida quién se comunica y quién no. Un país que acepta que ciertos derechos prácticos —recibir notificaciones, enviar documentos legales, acceder a servicios básicos— dependan exclusivamente de la capacidad de pago.
Tal vez este 7 de febrero no podamos mandar una carta a un amigo. Pero sí deberíamos preguntarnos en qué momento normalizamos que funciones elementales del Estado se evaporen sin escándalo, sin solución y sin horizonte. Porque hay cosas que no deberían privatizarse por omisión. Y el correo, con toda su carga histórica, social y simbólica, es una de ellas.
