La tierra no es solo un activo
Sin salvaguardas claras, la tierra corre el riesgo de dejar de ser un espacio de vida para convertirse en un activo financiero más, profundizando la concentración y debilitando a las comunidades
La reciente aprobación en el Senado del Proyecto de Ley 157, que permite la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias en medianas o empresariales, ha sido presentada como una medida técnica orientada a dinamizar el sector productivo, facilitar el acceso al crédito y mejorar la seguridad jurídica. En abstracto, esos objetivos suenan razonables. En la práctica, sin embargo, la norma abre un debate mucho más profundo sobre el modelo agrario que Bolivia quiere —y puede— sostener en el tiempo.
No se trata de negar que el agro necesita inversión, tecnología y financiamiento. Tampoco de idealizar la pequeña propiedad como si fuera, por sí sola, garantía de justicia social o sostenibilidad ambiental. El problema es otro: cambiar las reglas estructurales del régimen de tierras sin un debate amplio, sin salvaguardas claras y sin una visión integral del territorio es una receta conocida, y sus consecuencias históricas están bien documentadas.
La productividad no puede medirse solo en toneladas o exportaciones. También se mide en comunidades que permanecen, en suelos que no se degradan
La pequeña propiedad rural no es solo una unidad productiva; es, en gran parte del país, un espacio de vida, de reproducción social y de arraigo cultural. Por eso, desde la Reforma Agraria de 1953, el Estado boliviano estableció barreras explícitas para evitar que estas tierras ingresen sin filtros al mercado empresarial y financiero. No fue una casualidad ideológica, sino una respuesta a ciclos reiterados de concentración, endeudamiento y despojo.
La conversión “voluntaria” que propone la ley debe leerse con cautela en un contexto marcado por crisis climática, volatilidad de precios, presión financiera y asimetrías de información. Lo que en el papel parece una decisión libre, en la realidad puede convertirse en una salida forzada para pequeños productores acorralados por deudas, sequías o falta de apoyo técnico. Cuando la tierra pasa a ser garantía, deja de ser refugio.
Más preocupante aún es el carácter de “llave maestra” que algunos analistas advierten en esta norma. Si en el futuro se avanzara hacia la individualización de tierras comunitarias o TCO, el camino para su conversión posterior en propiedad empresarial quedaría legalmente allanado. No es un escenario inmediato, pero sí una puerta abierta que merece, como mínimo, un debate honesto y transparente.
Bolivia necesita discutir seriamente su modelo agroproductivo. Uno que no se base exclusivamente en la expansión de la frontera agrícola, el desmonte acelerado y la lógica extractiva aplicada a la tierra. Apostar por una agricultura más humana implica priorizar el valor social del territorio, fortalecer la agroecología, diversificar la producción, mejorar el acceso al agua y al conocimiento, y revisar la Función Económico-Social incorporando criterios ambientales reales y verificables.
La productividad no puede medirse solo en toneladas o exportaciones. También se mide en comunidades que permanecen, en suelos que no se degradan, en alimentos sanos, en empleo digno y en cohesión social. Sin eso, cualquier crecimiento es frágil y, a la larga, insostenible.
La discusión legislativa aún no está cerrada. Es momento de bajar el ritmo, abrir el debate y escuchar a quienes viven de la tierra más allá de los discursos empresariales o tecnocráticos. Modernizar el agro no debería significar repetir viejos errores con nuevos argumentos. La prudencia, en este caso, no es conservadurismo: es responsabilidad histórica.
