Tarija y la industrialización que nunca fue
La industrialización debía ser el salto productivo de Tarija tras el gas, pero se convirtió en un modelo sin diagnóstico, capturado por intereses privados y con alto costo social, ambiental y fiscal.
Durante años, Tarija escuchó una promesa que sonaba razonable e incluso necesaria: dejar de ser solo proveedora de materias primas y dar el salto hacia la industrialización, generando valor agregado, empleo y desarrollo local. Se intentó a nivel nacional, departamental y hasta municipal.
El último “intento” fue el Plan de Industrialización con Sustitución de Importaciones del gobierno de Luis Arce, que se presentó bajo ese paraguas virtuoso, como una respuesta estratégica a la crisis postpandémica y a la caída de la renta hidrocarburífera. Hoy, a la luz de las investigaciones periodísticas, queda claro que ese modelo no solo fracasó en sus objetivos, sino que terminó convertido en una trampa costosa y funcional a unos pocos.
Los casos nacionales revelados en Tarija no son meras anécdotas administrativas ni errores aislados de gestión. Configuran un patrón preocupante: adjudicaciones directas, incrementos contractuales amparados en decretos hechos a la medida, vínculos empresariales y políticos opacos, y obras que, pese a haber consumido decenas de millones de bolivianos, permanecen inactivas o técnicamente inviables. Industrialización en el discurso, pero festín en la práctica.
Resulta especialmente doloroso que este esquema se haya desplegado en un departamento que ya conoce de sobra lo que significa ser territorio de sacrificio. Tarija aportó durante décadas la base de la renta gasífera nacional con la promesa de un desarrollo que siempre llegó tarde, incompleto o mal distribuido. La industrialización aparecía como una oportunidad para corregir ese desequilibrio histórico. En cambio, dejó plantas sin funcionamiento, impactos ambientales severos y una sensación amarga de haber vuelto a ser utilizados.
La gravedad del asunto no reside solo en los sobrecostos o en la ineficiencia técnica, sino en la distorsión del sentido mismo de la política pública. Se industrializó sin diagnóstico productivo real, sin articulación con el territorio, sin mercados asegurados y sin controles efectivos. Se construyeron infraestructuras como fines en sí mismos, no como parte de una estrategia de desarrollo sostenible. El resultado es previsible: activos improductivos que hoy pesan como una carga sobre las finanzas públicas.
Más inquietante aún es comprobar que mientras se invertían miles de millones en este plan fallido, demandas estructurales largamente postergadas —como hospitales especializados, servicios básicos o apoyo real a la producción local— seguían esperando. La pregunta no es solo cuánto se gastó, sino qué se dejó de hacer y a quién se dejó atrás.
La industrialización no es un error en sí misma. Al contrario, sigue siendo una necesidad para Bolivia y para Tarija. Pero lo ocurrido demuestra que, sin transparencia, sin institucionalidad sólida y sin una clara separación entre el interés público y los intereses privados, cualquier modelo, por prometedor que sea, termina degradándose. Cuando la política industrial se convierte en un mecanismo de transferencia de recursos hacia círculos de poder, deja de ser política de desarrollo y pasa a ser simple captura del Estado.
La nueva etapa que vive el país obliga a una revisión honesta y profunda. Auditorías, responsabilidades y correcciones no deben entenderse como revancha política, sino como una condición mínima para recuperar la confianza ciudadana. Tarija no necesita más elefantes blancos ni discursos grandilocuentes: necesita proyectos viables, pensados desde el territorio y orientados al bien común.
Porque cuando un modelo que parecía esperanzador termina beneficiando a unos pocos y dejando ruinas para el resto, el daño no es solo económico. Es moral, institucional y profundamente político. Y ese es un costo que el país ya no puede seguir pagando.
