La devaluación pendiente
El paso de un tipo de cambio fijo a uno flexible busca “sincerar” la economía, pero expone riesgos sociales y financieros que el Gobierno debe prever
Bolivia lleva más de una década viviendo una ficción cambiaria que ya nadie defiende con convicción, pero que tampoco nadie se anima a desmontar del todo. Tampoco se discuten a profundidad las causas de por qué empezó a escasear el dólar en el país y quién no hizo lo que tenía que hacer en los últimos 20 años.
La cuestión es que el tipo de cambio fijo de 6,96 bolivianos por dólar fue durante años un ancla de estabilidad y un símbolo de fortaleza macroeconómica. Hoy es, más bien, el recordatorio incómodo de un ciclo que se cerró y que el tiempo pondrá exactamente en su lugar.
El Gobierno —y en particular el Banco Central— vienen avisando de la necesidad e intención de transitar hacia un tipo de cambio “flexible y real”, que no es una ocurrencia técnica ni una concesión ideológica: es básicamente el reconocimiento tardío de una devaluación que ya ocurrió en los hechos en la calle. El mercado paralelo, primero clandestino y luego casi naturalizado, fijó en las últimas semanas precios entre 9 y 9,50 bolivianos por dólar, pero en algún momento trepó hasta los 18 y la economía cotidiana igual se fue adaptando sin decreto ni anuncio oficial. La brecha ya no es noticia; es rutina.
En ese contexto, el llamado “sinceramiento” del tipo de cambio busca ordenar lo que hoy funciona de manera caótica: múltiples precios del dólar, distorsiones en el comercio, incentivos perversos a la especulación y una creciente informalización de las transacciones. Un sistema de bandas, como el que se ensaya en otros países, permitiría absorber shocks y devolver previsibilidad. El problema no es el diagnóstico. El problema son las consecuencias.
Porque, aunque los precios ya hayan internalizado el dólar paralelo, la devaluación oficial tendrá efectos concretos, inmediatos y desiguales. El salario mínimo, los sueldos formales y el poder adquisitivo de amplios sectores volverán a resentirse, aun cuando el ajuste ya haya sido parcialmente digerido. Pero el impacto más sensible —y menos discutido— se dará en el corazón del sistema financiero público: el fondo de pensiones de la Gestora Pública, motor principal de la economía nacional pública, y también privada.
Los ahorros previsionales, gestionados en bolivianos y estimados en unos 30.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, verán reducida su equivalencia real de manera automática. No se trata de un tecnicismo: es una transferencia silenciosa de valor que afecta a millones de trabajadores presentes y futuros. Más aún cuando esos fondos ya vienen siendo utilizados para inversiones internas también nominadas en moneda nacional, lo que amplifica el riesgo sistémico.
El Decreto Supremo 5503, hoy abrogado, intentaba anticipar parcialmente este escenario con mecanismos de compensación. Su fracaso político dejó el problema intacto y trasladó la responsabilidad a futuras reglamentaciones, que llegarán —si llegan— cuando el costo ya esté distribuido.
La devaluación pendiente no es solo un ajuste económico. Es una decisión política que exige transparencia, pedagogía y, sobre todo, protección a los más vulnerables. Postergarla no evita el daño: lo acumula. Ejecutarla sin red de contención, en cambio, puede erosionar lo poco que queda de confianza institucional.
Sincerar la economía es necesario. Sincerar el debate, también. Porque ningún tipo de cambio es neutro, y ninguna transición es indolora. La pregunta ya no es si Bolivia saldrá del tipo de cambio fijo, sino quiénes pagarán la cuenta cuando eso ocurra.
