Autonomías: la hora de la responsabilidad
Quien asuma el gobierno debe priorizar la clarificación de competencias, la asignación justa de recursos y el fortalecimiento real de los gobiernos departamentales
El próximo 9 de noviembre comienza una nueva legislatura en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aunque el MAS prácticamente ha desaparecido, para muchos será apenas un cambio de rostros en los curules y muchas promesas vacías, pero para las regiones, y en particular para Tarija, debería significar el inicio de un debate profundo y honesto sobre la autonomía departamental. Quince años después de que la Constitución reconociera formalmente el modelo autonómico, Bolivia sigue atrapada en un centralismo que asfixia la gestión territorial y limita la capacidad de los gobiernos subnacionales para responder a las demandas reales de la gente.
El problema no es menor. Hoy las competencias están dispersas, mal definidas y, en muchos casos, duplicadas. El Gobierno central mantiene bajo su control áreas que deberían ser responsabilidad natural de los departamentos, como la salud, la educación o la infraestructura social básica. Al mismo tiempo, transfiere obligaciones sin los recursos suficientes para sostenerlas. El resultado es un sistema disfuncional, en el que nadie responde con claridad y el ciudadano termina pagando el precio en servicios deficientes, burocracia excesiva y falta de soluciones.
Durante años Tarija aportó recursos estratégicos al país, sin que se consolidara un sistema autonómico capaz de devolverle en servicios y desarrollo lo que entregó en regalías
Las campañas se han basado en promesas de porcentajes y de fe, pero es hora de ordenar la casa. La nueva legislatura debe asumir como prioridad la construcción de un pacto autonómico que aterrice en la práctica lo que hasta ahora ha quedado en el papel. Ese pacto debe basarse en dos pilares. El primero, una definición clara de competencias: qué corresponde al nivel nacional, qué a los gobiernos departamentales y qué a los municipales. El segundo, una redistribución de recursos en función de criterios objetivos como población, niveles de pobreza y potencial de desarrollo, para evitar que las transferencias sigan dependiendo del humor político o de coyunturas gasíferas que ya no existen.
Los gobiernos departamentales, a su vez, deben prepararse para asumir responsabilidades sociales integrales. No se trata de administrar pequeñas parcelas del Estado, sino de convertirse en verdaderos gestores del bienestar ciudadano. Salud, educación, caminos vecinales, programas de empleo y atención social deben estar bajo su paraguas de manera coordinada, evitando la fragmentación que hoy solo genera más costos y menos resultados.
Tarija conoce de primera mano las consecuencias de un modelo centralista y extractivista. Durante años aportó recursos estratégicos al país, sin que se consolidara un sistema autonómico capaz de devolverle en servicios y desarrollo lo que entregó en regalías. Ese error no debe repetirse. Defender la autonomía no es un capricho regionalista, es la única forma de construir un Estado eficiente, cercano a la gente y menos vulnerable a las crisis políticas nacionales.
La nueva legislatura y el Gobierno central que asuma el 9 de noviembre tienen ante sí una oportunidad histórica: poner en práctica la autonomía departamental y demostrar que el modelo constitucional no es letra muerta. No es tiempo de que el presidente Luis Arce tome muchas decisiones en este sentido, pero quien asuma debe priorizar la clarificación de competencias, la asignación justa de recursos y el fortalecimiento real de los gobiernos departamentales. Solo así se podrá garantizar que la autonomía deje de ser un ideal y se convierta en una herramienta tangible de desarrollo y bienestar para todos los bolivianos.
Las regiones esperan respuestas concretas. La autonomía no puede seguir siendo una promesa aplazada. Es la hora de la responsabilidad.
