Bonos, votos y el verdadero Estado social (I)
Mientras se siga pensando que los bonos reemplazan a las reformas estructurales, Bolivia seguirá atrapada en un círculo de dependencia y frustración
En Bolivia estamos nuevamente en campaña electoral y, como tantas veces, uno de los temas que ocupa la agenda pública es “el de los bonos”. No se trata ya de discutir su pertinencia ni de evaluar el impacto que han tenido en la reducción de la pobreza o en la mejora de algunos indicadores sociales, sino de advertir cómo se convierten, una y otra vez, en herramientas de campaña, en instrumentos de chantaje político y en promesas que alimentan un populismo de corto aliento.
El debate no es menor: el Estado boliviano ha demostrado durante las últimas dos décadas que, con recursos extraordinarios —provenientes principalmente del gas tarijeño—, es capaz de financiar políticas de transferencia directa que, en determinados momentos, cumplieron un rol socialmente relevante. El Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad o el Bono Juana Azurduy, aparentemente, tuvieron efectos inmediatos: incentivaron la permanencia escolar, garantizaron un ingreso mínimo para adultos mayores o redujeron barreras de acceso a la salud materna e infantil. Hoy los montos son ínfimos y el procedimiento de asignación, salvo el Juana Azurduy, responden únicamente a la bandera populista.
No se trata de negar lo que se hizo, sino de asumir con realismo que no hay más espacio para un asistencialismo financiado con renta fácil
Al gobierno del MAS se le han visto las costuras cuando, agotada la renta gasífera y sin un modelo económico diversificado, esas mismas medidas se transformaron en un discurso vacío, en promesas que no responden a las posibilidades reales del Estado. Más aún: se convierten en mecanismos de cooptación política, en símbolos de fidelidad partidaria, en carnadas para la pesca de votos en tiempos de campaña y poco más. El bono deja de ser una política pública y se convierte en una dádiva clientelar.
Un Estado serio no puede reducir su función social a la entrega periódica de cheques simbólicos. La verdadera justicia social no se construye con anuncios rimbombantes, sino con sistemas sólidos de salud y educación, con pensiones dignas y sostenibles, con oportunidades de empleo formal y productivo. Mientras se siga pensando que los bonos reemplazan a las reformas estructurales, Bolivia seguirá atrapada en un círculo de dependencia y frustración. Es curioso que el MAS saque pecho con este tipo de políticas, que son poco redistributivas.
Las limitaciones actuales son evidentes. El país atraviesa una crisis fiscal severa, con déficits acumulados y una deuda que crece sin un plan de sostenibilidad. Las reservas internacionales han caído a niveles alarmantes y el contrabando erosiona lo poco que queda de una economía formalizada. En este escenario, insistir en el discurso de nuevos bonos no solo es irresponsable: es una estafa electoral. Se promete lo que no existe, se juega con las expectativas de la población y se alimenta un espejismo que tarde o temprano se rompe.
Tarija ofrece un ejemplo claro de las contradicciones del modelo. Durante la bonanza, el departamento recibió ingresos extraordinarios que permitieron financiar proyectos, infraestructura y transferencias directas. Sin embargo, al no haber construido bases productivas sostenibles, hoy sufre las consecuencias: recursos mermados, deudas acumuladas y una ciudadanía que aún espera respuestas. No se trata de negar lo que se hizo, sino de asumir con realismo que no hay más espacio para un asistencialismo financiado con renta fácil.
El debate no es cuántos bonos se pueden pagar y de qué monto, sino cómo se construye un Estado Social de verdad acorde a nuestras realidades sociales y humanas.
