El cambio policial que Bolivia necesita
Sin una Policía honesta, no hay Estado que funcione ni ciudadanía que confíe.
La Policía boliviana arrastra desde hace décadas un problema que carcome sus cimientos: la corrupción. No se trata solo de algunos “malos efectivos”, como se suele afirmar para relativizar el problema. Se trata de un sistema donde la coima, la compraventa de destinos, el encubrimiento de delitos y el uso privado de los recursos públicos forman parte del funcionamiento cotidiano. La falta de controles efectivos ha naturalizado prácticas que minan la confianza ciudadana. Sin una Policía confiable, cualquier esfuerzo por fortalecer el Estado de derecho está condenado a la fragilidad, porque la institución llamada a garantizar la seguridad se convierte en fuente de inseguridad y abuso.
Superar esta realidad exige un plan integral, sostenido en el tiempo y blindado frente a las tentaciones del poder político. En primer lugar, la selección y formación policial deben ser profundamente reformadas. Los ingresos no pueden seguir dependiendo de contactos, apellidos o aportes económicos. El mérito, la transparencia y la vocación de servicio deben guiar el ingreso y la carrera policial. A la par, es imprescindible implementar evaluaciones periódicas de desempeño, con participación de instancias externas que garanticen la objetividad.
La corrupción en la Policía boliviana no se resuelve con castigos aislados, sino con reformas estructurales que fortalezcan la meritocracia, la transparencia y el control ciudadano.
En segundo lugar, la estructura de financiamiento de la institución debe ser replanteada. No es sostenible que el funcionamiento cotidiano dependa de aportes informales de la ciudadanía, de “arreglos” con conductores o comerciantes, o de cobros disfrazados de trámites administrativos. Para romper con ese círculo vicioso, los salarios policiales deben ser dignos, acordes con la responsabilidad del cargo, y los recursos materiales deben estar garantizados por el Estado de manera transparente, de modo que no exista la excusa de buscar “financiamiento paralelo”.
El tercer paso pasa por un sistema robusto de control interno y externo. La Inspectoría, hoy más preocupada en proteger jerarquías y castigar a los subalternos antes que investigar a los mandos, debe ser reemplazada o al menos supervisada por instancias independientes, con participación activa de la sociedad civil y organismos de derechos humanos. El Ministerio Público, a su vez, debe asumir un rol más firme, garantizando que las investigaciones no terminen en sanciones menores o procesos que prescriben. La corrupción policial es estructural y, por tanto, debe investigarse como red: cadenas de mando, circuitos financieros, vínculos políticos y beneficios económicos que sostienen el sistema.
La tecnología puede jugar un papel decisivo. El uso de cámaras corporales en operativos, sistemas de trazabilidad digital de multas y decomisos, controles biométricos de asistencia y un registro público de patrullajes permitirían reducir el margen de discrecionalidad, fortalecer la rendición de cuentas y brindar a la ciudadanía herramientas para exigir transparencia. Sin estos instrumentos, los discursos de cambio quedarán en buenas intenciones.
Acabar con la corrupción policial no es tarea de un gobierno ni de una gestión aislada. Es un compromiso de Estado que requiere voluntad política, coordinación interinstitucional y respaldo social. El desafío es inmenso: desmontar prácticas enquistadas durante generaciones y que se reproducen porque resultan rentables para quienes las administran. Pero Bolivia no puede renunciar a esta meta. Una Policía al servicio de la ciudadanía, y no de sus propios intereses, es condición indispensable para la construcción de un país más justo y seguro. Sin enfrentar este problema de raíz, la promesa de justicia y seguridad seguirá siendo apenas una quimera.
