El uniforme y la nación

Las Fuerzas Armadas de un país no existen únicamente para defender su integridad territorial. En tiempos contemporáneos, la noción de seguridad se ha expandido para incluir fenómenos tan diversos como los desastres naturales, las pandemias, las crisis energéticas, la ciberseguridad y la lucha contra el crimen organizado. En ese marco, el rol de los militares es tanto estratégico como social, y exige niveles altos de profesionalismo, vocación de servicio y compromiso con los valores republicanos.

En sociedades democráticas maduras, las Fuerzas Armadas son también instituciones de confianza pública. Se espera de ellas no solo eficiencia operativa, sino neutralidad política, respeto a los derechos humanos y transparencia en la gestión de los recursos que se les asigna. En muchas latitudes, se han convertido en pilares fundamentales de la respuesta estatal frente a emergencias, en apoyo a tareas de desarrollo e incluso en impulso a la innovación tecnológica. Son fuerzas de paz, desarrollo y estabilidad.

Lamentablemente, en Bolivia —y especialmente en los últimos años— ese ideal parece haberse desdibujado. Lejos de proyectar disciplina, eficiencia y lealtad institucional, nuestras Fuerzas Armadas han sido arrastradas por la politización, la opacidad administrativa y la búsqueda de prebendas. En vez de consolidar una doctrina militar moderna, algunas élites castrenses parecen más preocupadas por controlar negocios internos —desde servicios médicos hasta supermercados— que por servir a la patria o garantizar la seguridad nacional.

Frente a los desafíos del siglo XXI, Bolivia necesita unas Fuerzas Armadas al servicio de la democracia, no de los negocios sectoriales ni de intereses corporativos.

No se trata de poner en duda la vocación de todos los miembros de la institución. Muchos soldados y oficiales cumplen su labor con entrega y dignidad, muchas veces en condiciones precarias y sin reconocimiento. El problema radica en la cúpula, en esa zona gris donde las decisiones estratégicas se toman de espaldas al interés colectivo y en sintonía con los vaivenes del poder político.

Es inaceptable, por ejemplo, que los recursos destinados al funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas terminen financiando privilegios internos o proyectos sin fiscalización externa. Es inadmisible que se mantenga un sistema de ascensos opaco, donde la lealtad política pesa más que los méritos profesionales. Y es alarmante que se siga alimentando una lógica corporativa en lugar de una doctrina institucional moderna, democrática y centrada en la defensa de los intereses del Estado y la población.

En un país con tantas necesidades —sociales, logísticas, territoriales—, el potencial de las Fuerzas Armadas es inmenso. Bolivia necesita militares que apoyen en emergencias climáticas, que colaboren en la lucha contra el narcotráfico y la trata de personas, que contribuyan a cuidar las fronteras, a proteger los recursos naturales y a salvaguardar la soberanía digital. Necesita líderes castrenses comprometidos con la formación cívica, con la defensa del orden constitucional y con la reconstrucción de la confianza pública.

Reencauzar a las Fuerzas Armadas no es tarea fácil, pero sí imprescindible. Y requiere, antes que nada, voluntad política y liderazgo institucional. Hay que recuperar el sentido de honor, de misión, de servicio. Porque el uniforme no debe ser símbolo de poder sobre la ciudadanía, sino de responsabilidad frente a ella. Y porque el país no puede seguir sosteniendo una estructura que no rinde cuentas ni responde con eficiencia.

Es tiempo de pensar en unas Fuerzas Armadas del siglo XXI, integradas con la sociedad y capaces de acompañar los desafíos de una Bolivia que busca reencontrarse con la institucionalidad, la justicia y la dignidad.