El eterno debate de la coca
El control antidroga sigue golpeando el eslabón más débil de la cadena: el productor de coca. Pero la raíz del problema está en otra parte.
Las cifras oficiales no dejan margen para la duda: según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la superficie cultivada de coca en Bolivia volvió a incrementarse en 2023, superando las 30.000 hectáreas, muy por encima de las 22.000 permitidas por ley. Sin embargo, la respuesta del Estado ha seguido siendo la misma de siempre: más erradicación, más operativos, más criminalización selectiva, y siempre contra el eslabón más débil de la cadena —el productor—, mientras el verdadero negocio sigue intacto.
Penalizar al campesino que cultiva coca en los Yungas o el Chapare ha demostrado ser tan ineficaz como socialmente costoso. No ha reducido la oferta, no ha frenado el narcotráfico, no ha debilitado las redes de exportación ni lavado de dinero, y mucho menos ha generado condiciones para una transición económica en las regiones dependientes de la hoja. Lo que sí ha hecho es sembrar más desconfianza, más conflicto y más pobreza.
La persecución al productor cocalero no ha reducido la superficie cultivada ni el flujo de cocaína. Bolivia necesita mirar más allá de la hoja para abordar seriamente el narcotráfico.
La contradicción es estructural: la Ley General de la Coca reconoce 22.000 hectáreas legales, pero no existe un mercado regulado que absorba toda esa producción. El consumo tradicional —mascado, infusión, medicina ancestral— apenas representa una fracción de la hoja producida, y el resto, por omisión o complicidad, encuentra otros caminos. El Estado lo sabe, pero prefiere hacer como que no.
Mientras tanto, la represión se ensaña con los sindicatos más díscolos, con los cocaleros que reclaman transparencia en el control del mercado legal o con quienes no se alinean políticamente. En el caso de los Yungas, el conflicto ha dejado heridos, muertos y detenidos sin que se haya resuelto la pugna institucional por el control de ADEPCOCA. En el Chapare, la impunidad de ciertas estructuras sindicales y la protección política son la otra cara de la moneda.
El resultado es una política antidroga que castiga la pobreza y protege al poder. Se criminaliza al agricultor, pero no se investiga la ruta del dinero. Se erradican hectáreas, pero no se desmantelan redes financieras ni se toca a quienes se enriquecen en los eslabones superiores del negocio.
Lo que Bolivia necesita es otro enfoque: uno que reconozca las causas estructurales del cultivo de coca y que ofrezca alternativas productivas reales, sostenibles y rentables, no planes piloto fallidos o promesas incumplidas. Un enfoque que mire con seriedad la cadena completa del narcotráfico, desde el acopio hasta la exportación y el lavado, y no se conforme con mostrar cifras de erradicación como trofeos inútiles.
El país está atrapado entre el doble discurso —el que reivindica la hoja como símbolo cultural y el que la reprime como amenaza— y una institucionalidad débil que no logra articular ni control ni desarrollo. Pero el tiempo de los parches ya pasó. Si no se quiere que la coca siga siendo el combustible silencioso de la inestabilidad, habrá que empezar a mirar más allá del productor.
