Justicia penal internacional: la ley que no alcanza
El 17 de julio se conmemora el Día de la Justicia Penal Internacional, pero el mundo está lejos de garantizarla. Los crímenes de guerra se multiplican y los tribunales parecen selectivos y debilitados
En teoría, la justicia penal internacional está llamada a ser el último recurso moral de la humanidad: el lugar donde los crímenes de guerra, los genocidios y las violaciones masivas de derechos humanos no quedan impunes, sin importar el rango ni el país de los responsables. En la práctica, sin embargo, el escenario es cada vez más sombrío.
Hoy, en pleno siglo XXI, se multiplican las guerras unilaterales, los bombardeos sobre civiles, las ocupaciones prolongadas y los bloqueos criminales, sin que los tribunales internacionales actúen con la celeridad ni la firmeza necesaria. La Corte Penal Internacional (CPI) —la institución emblema de esta causa— sufre un descrédito creciente, acusada de actuar con sesgo político, de aplicar una justicia selectiva y de ser incapaz de juzgar a las grandes potencias militares.
El resultado es alarmante: impunidad para los fuertes y sanciones simbólicas para los débiles. Algunos líderes africanos o balcánicos han sido juzgados con rigor, mientras otros, responsables de crímenes igual o más graves en Asia o Medio Oriente, ni siquiera son investigados. La coherencia —tan esencial en todo sistema de justicia— parece ausente en este tribunal global.
En este Día Mundial de la Justicia Penal Internacional, no basta con recordar su importancia. Es hora de plantear cómo revitalizarla y defenderla desde el sur global, que ha sido históricamente víctima de invasiones, saqueos y crímenes sistemáticos que rara vez llegan a un tribunal.
El frente diplomático del sur, desde América Latina, África y Asia, se plantea una agenda de fortalecimiento, basada en tres pilares:
La defensa del multilateralismo real entendiendo que hay que recuperar el sentido original de la justicia internacional como espacio de consenso y legalidad compartida. Para ello, urge reformar los mecanismos de elección y actuación de la CPI, exigiendo independencia efectiva y evitando el uso instrumental de las causas.
La consolidación de observatorios regionales de crímenes internacionales que permita dejar de ser meros espectadores. Es posible —y necesario— crear mecanismos regionales de documentación, monitoreo y denuncia de posibles crímenes internacionales, que luego puedan alimentar instancias globales con pruebas y legitimidad.
Y sobre todo, actuar y fortalecer la coherencia diplomática y política. No se puede exigir justicia internacional en unos casos y callar en otros. Los países del sur deben actuar con coherencia en foros multilaterales, condenando toda forma de agresión, venga de donde venga. Eso da autoridad moral, algo escasa en el mundo actual.
La justicia penal internacional está en crisis, sí, pero no está muerta. Necesita valentía política, institucionalidad autónoma y un nuevo equilibrio global. Y el sur tiene mucho que decir, precisamente porque ha sido quien más ha sufrido la impunidad de los poderosos.
Porque si la ley no se aplica para todos, entonces no es ley. Y si la justicia llega solo para algunos, entonces no es justicia.
