El derecho a ser elegido
Dunn queda fuera por no haber podido liquidar sus deudas con el Estado en 70 días, y no por falta de ganas; Campero porque no había un papel certificando una situación que no le incumbía
Es curioso como en Bolivia los más altos magistrados y administradores de la cosa electoral han pasado de validar que la reelección indefinida era un derecho humano inalienable por encima de lo dispuesto en la Constitución y lo respondido en un referéndum convocado exprofeso, a prohibir que alguien que dejó algunas cuentas pendientes no penales hace 18 años que al Estado nunca le importaron o que alguien que no tenía que renunciar pero que no lo puso en un papel (o que se perdió en algún momento) queden fuera de un proceso que hoy por hoy más que nunca necesita ser amplio y plural para enfrentar lo que a Bolivia se le viene encima.
Sí, a Evo Morales se le dejó candidatear en 2019 por encima de la Constitución Política del Estado y del resultado del referéndum de 2016 con cinco de los nueve magistrados del Tribunal Constitucional y hoy se le está inhabilitando por una interpretación libre del artículo 168 que regula la reelección del presidente en ejercicio.
A Jaime Dunn se le está inhabilitando no porque tenga deudas con el Estado de sus gestiones en diferentes municipios y que al Estado no le ha importado nunca como para accionar contra él, sino porque en casi 70 días no ha logrado dar con los resortes para pagar lo que corresponda. ¡70 días queriendo pagar!.
El acumulo de situaciones inverosímiles puede parecer anecdótico, pero dentro de unas semanas, cuando los resultados generen controversias será argumento
Lo de la diputada tarijeña Luciana Campero que aspiraba a la primera senaduría por Libre tiene también enjundia. El Tribunal Constitucional, el mismo, de nuevo, declaró que no era precisa la renuncia de autoridades electas para ser candidatos. Se trataba de algo así como compensar con igualdad de oportunidades lo de que el presidente no abandone su cargo, aunque bien se podía haber equilibrado por el otro lado obligando a este a renunciar.
La cuestión es que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo precisó en varias ocasiones: funcionarios designados (ministros, secretarios, maestros de escuela) debían renunciar pero no los electos – como si los primeros tuvieran más posibilidades de abusar de su cargo que los segundos -, pero en el reglamento se incluye la necesidad de certificar mediante una declaración que no tiene obligación de renunciar, una cuestión procedimental ciertamente burocrática y absurda. La pelea sobre si estaba en el expediente, se perdió en Libre o se perdió en el TSE tal vez la tuvieran que develar los tribunales mediante una investigación más a fondo, pero la cuestión es que resulta absurdo que una declaración jurada de no incurrir en una situación en la que no se incurre acabe siendo una causal insubsanable. ¡Un papel!
El acumulo de situaciones inverosímiles puede parecer anecdótico, pero dentro de unas semanas, cuando los resultados generen controversias será argumento el hecho de haber dejado sin poder participar a personas que mal que bien representan a grandes grupos de población, o al menos eso intentaban demostrar, que es de lo que va la democracia, y lo será aún peor en el futuro, en una gestión que va a necesitar grandes cambios de fondo y donde la Asamblea debería jugar un rol clave para hacer los ajustes necesarios con el respaldo suficiente. Siempre habrá gente fuera, del liberalismo de Dunn y del nacionalpopulismo de Morales, que puedan jugar esa carta.
La democracia, sin duda, es otra cosa.
