Bolivia y sus salarios escuálidos
Mientras países vecinos reajustan sus salarios mínimos por encima de la inflación, Bolivia estanca su poder adquisitivo y profundiza la brecha de desarrollo humano.
Los precios han subido, pero los salarios no, y este es un aspecto del que se habla demasiado poco, ni siquiera por aquellos que apuestan por el libre mercado y dejar que sea su mano invisible quien regule los mismos.
La realidad de los trabajadores bolivianos duele más que nunca al compararla con la de nuestros vecinos. En Bolivia el salario en bolivianos trasladado a dólares con cambio oficial ronda los 400 dólares, pero lo cierto es que con el tipo de cambio paralelo apenas llega a 200, monto que ni siquiera cubre la mitad del costo de la canasta básica familiar, estimada en 512 según el CEDLA. El último “incremento” a la base ha sido de apenas un tercio de la inflación, y aún así ha recibido críticas, lo que revela una cruda verdad: hemos normalizado la pobreza laboral.
El contraste regional es sintomático, todos los países han ajustado sus salarios a la inflación, incluso Argentina. Mientras tanto, Bolivia, con su gobierno progresista y de izquierda nacional insiste en un discurso economicista que privilegia macroindicadores sobre el plato de comida de los trabajadores.
Hay algunos aspectos que provocan esta situación. Por ejemplo, la fuga masiva de talentos: El INDEC argentino registra que el 42% de los migrantes bolivianos huyen de salarios de hambre. En la frontera con Brasil, obreros cruceños realizan las mismas jornadas que sus pares en Corumbá por un 40% menos de pago y los profesionales sanitarios como médicos y enfermeras son especialmente valorados.
Hay un concepto del que pocos hablan: el dumping laboral: Las maquilas de El Alto operan como islas de explotación, pagando hasta 30% menos que plantas similares en Tacna. Esta distorsión atrae inversiones que buscan mano de obra barata, no desarrollo genuino, y la falta de competencia real hace que los salarios sigan a la baja, y no al alza.
Esto tiene que ver con unas suerte de “Economía de la desesperanza”: El 84% de los nuevos empleos son informales (INE 2023), condenando a generaciones a ciclos de pobreza sin seguridad social ni derechos básicos.
En estos tiempos de elecciones sería bueno que los candidatos empiecen a plantear soluciones a estos aspectos concretos, pues cada vez es más evidente que hace falta un nuevo contrato social con que parta de una mesa tripartita que incluya a los representantes de los empresarios, pero también de otros sectores que representan a la fuerza laboral diferente a la arcaica Central Obrera Boliviana. Es importante que estos sectores incluyendo a consultores y profesionales independientes, pongan sobre la mesa las verdaderas necesidades laborales.
En la región se han incorporado medidas novedosas como el modelo brasileño de ajustes por IPC + productividad e incluso Paraguay, con un modelo laboral muy flexible, protege los salarios. En esto es importante que el gobierno deje de lado las consignas y conozca de verdad su mercado laboral para ajustarse a su realidad, pues medidas como el doble aguinaldo acabaron liquidando a empresas medianas y pequeñas sin tener verdaderos efectos en la productividad del país.
Es importante que se ensanche la base de trabajadores formales que aportan al sistema y pagan sus impuestos, y en esas las medidas de incentivos suelen funcionar. Además es importante facilitar a las empresas medidas que potencien la formación de sus trabajadores, que las haga más competitivas y eficientes.
Juan Carlos Trujillo de la OIT lo resume: "Cuando un país abandona a sus trabajadores, firma su sentencia de subdesarrollo", y la realidad en Bolivia indica que el gobierno se ha limitado a proteger determinados sindicatos olvidando al grueso de la población que malvive con trabajos precarios e informales.
Los datos son irrefutables: Cada punto porcentual de aumento real del salario mínimo reduce la pobreza en 0.8% (CEPAL) y los países que invierten en dignidad laboral crecen 2.5 veces más rápido (Banco Mundial).
Bolivia enfrenta una disyuntiva histórica: seguir siendo el patio trasero laboral de Sudamérica o dar el salto hacia un desarrollo inclusivo. No se trata de sostener empresas porque crean empleos precarios, casi esclavizantes, por el simple hecho de hacerlo. La pregunta no es si podemos pagar salarios dignos, sino si podemos darnos el lujo de no hacerlo.
