La urgencia de un pacto institucional tarijeño
Uno de los primeros pasos sería redefinir con claridad las competencias, roles y atribuciones de las principales instituciones públicas, evitando superposiciones
El ciclo gasífero que marcó a Tarija durante más de dos décadas no solo transformó su economía: también reconfiguró su institucionalidad. El ingreso extraordinario por regalías y transferencias alentó un modelo de gestión basado en la abundancia, la fragmentación y, en muchos casos, la improvisación. Hoy, con un presupuesto reducido y demandas sociales crecientes, ese esquema ha demostrado sus límites. El resultado es un departamento con enormes potencialidades, pero con escasa capacidad para canalizarlas hacia el bienestar colectivo. La principal carencia ya no es financiera, sino política: Tarija necesita un nuevo pacto institucional que reordene sus prioridades y siente las bases de una gobernanza eficiente, transparente y orientada al desarrollo.
Ese pacto no puede limitarse a los niveles de gobierno. Involucra también a los sectores productivos, la academia, los movimientos sociales, las regiones y, por supuesto, a la ciudadanía. Se trata de construir una hoja de ruta compartida, donde las diferencias políticas se encaucen sin bloquear la acción pública, y donde las decisiones estratégicas tengan continuidad más allá de los cambios coyunturales.
Uno de los primeros pasos sería redefinir con claridad las competencias, roles y atribuciones de las principales instituciones públicas, evitando superposiciones, conflictos de atribución y vacíos de responsabilidad. La dispersión institucional que dejó el auge del gas —con una constelación de entes desconectados entre sí— ha sido un obstáculo persistente para una gestión articulada. Reordenar el aparato público y hacerlo más funcional es una condición básica para cualquier relanzamiento.
Otro eje del pacto institucional debe ser la planificación. Tarija necesita recuperar una instancia técnico-política de planificación estratégica que articule visiones territoriales, defina prioridades a largo plazo y sirva como guía para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. Esa planificación no puede ser solo un documento: debe estar viva, ser evaluable y tener respaldo legal y social.
Además, se requiere un compromiso explícito con la transparencia y la participación. El uso de los recursos públicos, los proyectos de desarrollo y las decisiones clave deben estar sometidos a control social real, con información accesible y espacios deliberativos efectivos. La legitimidad de cualquier estrategia de desarrollo se construye desde la confianza ciudadana.
Por último, el pacto debe incluir una visión integradora del territorio. Tarija no puede pensarse solo desde la capital. El Chaco, el valle central y la región andina tienen realidades distintas, necesidades específicas y aportes estratégicos que deben ser reconocidos. La cohesión territorial es una condición indispensable para un desarrollo equilibrado.
La historia tarijeña está llena de momentos fundacionales marcados por la unidad en la adversidad. Hoy, frente al agotamiento del modelo rentista y la fragmentación institucional, es hora de recuperar ese espíritu para trazar un nuevo rumbo. El bienestar de las futuras generaciones depende de que estemos a la altura de este desafío colectivo.
