Justicia podrida

El problema principal de este país es la Justicia. Nada se resolverá sin que se pueda reparar el enorme daño que los operadores políticos han hecho al sistema, y si no hay la voluntad suficiente y el compromiso expreso, público y consecuente de recomponer los mínimos equilibrios, de poco va a servir este o cualquier otro proceso electoral.

El último escándalo desatado es por demás elocuente y descriptivo, y deja al descubierto toda la podredumbre. Se ha llevado por delante o todo un ministro de Justicia, ex Procurador del Estado y por ende, uno de los hombres más poderosos del país, en lo que parece ser una lucha con los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por el control del Tribunal Departamental, pero que involucra también al Ministerio de Gobierno y al sistema de Universidades, y también al Legislativo y al mismísimo Tribunal Supremo Electoral.

El asunto se va filtrando a cuentagotas, a golpe de audio. Un audio que con toda probabilidad salió del teléfono del juez aprehendido el pasado jueves 12 de junio. Aprehendido por la Policía dependiente del ministerio de Gobierno.

Sea quien sea el elegido el próximo 17 de agosto debe liderar el proceso de saneamiento, no para quitar unos y poner otros, sino para que los ciudadanos puedan volver a confiar en la Justicia de este país

La aprehensión no fue un capricho. O tal vez sí. La justificación tiene que ver con la información validada por el Juez Marcelo Lea Plaza sobre la Magistrada Fanny Cuaquira, la cual hubiera hecho valer en su proceso de calificación una experiencia como docente que la Universidad consignada habría negado. Este hecho debería constituir el meollo del escándalo y unos y otros deberían estar esforzándose por mostrar esa situación y esclarecer la verdad. El hecho sin embargo ha derivado hacia otros derroteros, como por ejemplo, la famosa preclusión, como si haber hecho trampas para ser juez del Tribunal Supremo de Justicia desapareciera por el hecho de que el proceso concluyera con la entrega de credenciales.

El escándalo es descriptivo y grave, aunque sorprende poco a los bolivianos por su familiaridad. Hace tiempo que el principal incentivo de los bolivianos para respetar la ley no es ser buen ciudadano ni un sentimiento patrio nacional, sino el riesgo de caer en esas redes de corrupción infames, amarradas en todos los resortes del Estado, y que pueden arruinar al más pintado con muy poco esfuerzo.

El problema es de fondo y no tiene que ver exclusivamente con la elección popular ni mucho menos, el problema es la pérdida objetiva de todo tipo de valores, de la nula intención de los involucrados en hacer justicia, de un sistema opaco que impide la fiscalización y seguramente también de un sistema académico que instituye desde entonces la corrupción y la chicana.

La salida, como para casi todo, está en las ánforas. Se trata de empoderar a los ciudadanos y de dar las instrucciones precisas para acabar con el sistema corrupto de raíz, pues sus tentáculos son tan profundos y tan vergonzantes que ya nos están dirigiendo a un proceso electoral viciado cuya ilegitimidad dará problemas en el futuro.

Sea quien sea el elegido el próximo 17 de agosto debe liderar el proceso de saneamiento e intervenir de forma profunda, no para quitar unos y poner otros, sino para que los ciudadanos puedan volver a confiar en la Justicia de este país, que es lo mismo que confiar en este país.

Sin Justicia no hay nada, y esta Justicia se lo acabará llevando todo por delante. Es el tiempo de actuar.