El Sedeca y la intromisión autonómica
Reabrir el Sedeca implica, de una u otra manera, asumir que su función (y financiación) depende todavía del nivel central del Estado
Lejos de cerrar el asunto del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca), la sentencia Constitucional 004/2025 da más munición a quienes criticamos lo fallido de la autonomía dispuesta en la Constitución Política del Estado y sobre todo, en su aplicación, pero además, abre una posición de salida que con seguridad, acabará perjudicando a los contribuyentes tarijeños y a los trabajadores.
La sentencia - como casi todas las que han salido de este Tribunal Constitucional autoprorrogado – es ambigua y difícilmente sostenible pues acaba dando prelación a normas pre constitucionales sobre las que emanan de la autonomía departamental y que están blindadas en la misma Constitución, lo que constituye el enésimo atentado a aquel anhelo que alguna vez creímos conquistado.
El asunto está en el centro de la disquisición. Gestionar autónomamente el territorio implica tomar decisiones con responsabilidad, y es evidente que en un contexto de crisis muy prolongada como el que vivimos, la Gobernación debe tener la capacidad de asignar los pocos recursos que recibe para cumplir con su misión constitucional esencial, que hoy por hoy, construir carreteras, no es. Aparte de eso, el debate sobre las competencias, la red vial fundamental y la departamental, incluyendo todas las salvedades y excepciones pactadas, puede resultar interminable.
Se ha pasado demasiado tiempo revisando cuentas con lapicera y bloc de notas, recortando, retrocediendo, y muy poco buscando soluciones creativas, impulsando iniciativas y tejiendo alianzas para que el rumbo de Tarija se enderece
La cuestión es que la Gobernación de Tarija decidió acabar con el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) por una cuestión económica, pero también operativa. La crisis económica en Tarija empezó en 2016 y desde entonces la inversión en carreteras nuevas es mínima. En ese razonamiento, impulsar la Dirección Departamental de Administración de Vías (DAV) fue la primera medida, pero ya hace años que los Tribunales obligaron a la recontratación de los trabajadores despedidos. Este hecho ya le costó a las arcas departamentales un buen puñado de bolivianos que podían haberse ahorrado de haberse administrado la toma de decisiones de otra manera.
Reabrir el Sedeca implica, de una u otra manera, asumir que su función (y financiación) depende todavía del nivel central del Estado, que en estos momentos tiene los suficientes problemas como para no atender una cuestión que puede afectar a muchas familias tarijeñas dentro de una larga cola de damnificados.
Ahora, si bien el Tribunal Constitucional no está ayudando a resolver un problema, sino más bien todo lo contrario, lo cierto es que llevamos demasiado tiempo discutiendo del vacío. La autonomía está fracasando ante una falta de liderazgo aberrante, donde no hay propuestas expansivas o de reestructuración que se acompañen con la suficiente vehemencia política para que se hagan realidad. Se ha pasado demasiado tiempo revisando cuentas con lapicera y bloc de notas, recortando, retrocediendo, y muy poco buscando soluciones creativas, impulsando iniciativas y tejiendo alianzas para que el rumbo de Tarija se enderece. Tarija necesita un horizonte sobre el que concentrar los esfuerzos o, por lo menos, alguna dosis de optimismo. Aunque sea mínima.
