La renuncia de la Asamblea

La semana pasada se ventiló la renovación de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental para encarar la recta final de la legislatura y hubo novedades. Damián Castillo, quizá el último leal al gobernador Óscar Montes, logró trenzar un acuerdo con tres personeros del MAS tan conocidos como Marina Hoyos, Walter Aguilera y José Yucra – una independiente y dos muy evistas – que le aseguró la presidencia. Castillo aseguró que buscará coordinación con la Gobernación y lavar la cara de la institución, lo cual efectivamente se ve complicado.

La Asamblea Legislativa Departamental es por definición la piedra angular de la autonomía departamental, la autonomía que consolidó años de lucha y anhelos de libertad, que fue prácticamente arrancada al poder e insertada en la Constitución Política del Estado contra la voluntad del ejecutivo y de gran parte del legislativo en aquel momento constituyente, y que después fue vilmente traicionada por quienes tuvieron la responsabilidad de cuidarla y profundizarla.

Castillo es hoy el último “capitán” de un barco a la deriva casi desde el primer día, pues la propia idea de construir una institución sobre los volátiles recursos de las regalías petroleras constituía un sinsentido. Con eso, avanzó en la primera época dando márgenes de acción, consolidando proyectos de envergadura como el Susat, otros vertebradores como la Villa Olímpica y otros populistas como el Prosol o la canasta alimentaria, por ejemplo.

Desde el día uno se criticó el enorme volumen de asambleístas con el que se había conformado, y se justificaban diciendo que además se había introducido un ejecutivo seccional por municipio – ni siquiera por provincia – y porque alguien tenía que hacer las veces de legislador y fiscalizador. Siempre fue la Asamblea más superpoblada – 30 para medio millón de habitantes en el departamento más pequeño de Bolivia – y con un presupuesto de un millón de bolivianos para cada uno. Los recortes lo han dejado hoy aproximadamente en la mitad, pero sigue siendo un ratio alto.

Se vienen elecciones departamentales y cada uno tomará posiciones, seguramente para ser alcalde

Aún así, si la labor de la Asamblea hubiera contribuido a construir un piso sólido sobre el que desarrollarnos, hubiera estado justificado, pero lo cierto es que su papel es siempre controvertido. La primera legislatura (2010 – 2015) la pinza MAS – PAN priorizó tumbar al gobernador Mario Cossío, y lo logró en seis meses. El resto lo dedicó a revisar y adecuar el Estatuto a la nueva Constitución mientras el interino Lino Condori multiplicaba por diez los compromisos financieros por todo el territorio.

La segunda legislatura (2015 – 2021) empezó ya dominada por el MAS aunque no había ganado el ejecutivo, se preveía choque y así lo fue. Adrián Oliva trató de sanear las cuentas con planes de ajuste y rescates financieros y lo logró con mucha negociación y muchos millones distribuidos, pero en la recta final no se salvó de polémicas como la ley que permitía el débito automático o la ley que pretendía modificar el reparto de regalías a nivel departamental.

La última legislatura nació sin objetivo, pues la propia Gobernación solo pensaba en recortar y recortar gastos. Ahí tuvo oportunidad de hacerlo y colaborar con varias leyes en ese sentido, pero no lo hizo. Mucho menos impulsó una reforma estatutaria que se hace más necesaria que nunca.

Castillo ha asumido la Asamblea y se ha comprometido a ayudar. Veremos. Se vienen elecciones departamentales y cada uno tomará posiciones, seguramente para ser alcalde, aun así, hay tiempo todavía para lograr al menos algo útil de este ente. Al menos una Ley que responda a las necesidades de los tarijeños o que pueda contribuir a su sostenibilidad.

Ojalá lo tomen en cuenta, pues otro año en blanco sería nefasto para sus protagonistas, pero sobre todo, para esta Tarija cansada de su “crisis” y que no necesita más promesas, sino más acciones.