No es votar por votar

Las elecciones del 17 de agosto no están aseguradas, y desde luego no ayudan las rimbombantes declaraciones del Tribunal Constitucional (TCP), muy proclive a las palabras gruesas de cara a la galería y los titulares, mientras por la puerta de atrás ventila decisiones y acciones que socavan la calidad democrática del país. Tampoco ayuda la insistencia del presidente del gobierno, Luis Arce, que sí hizo lo que estaba en su mano para dar certidumbres, que era precisamente renunciar a la candidatura del MAS, pero que precisamente por eso, su control sobre los poderes del Estado se están empezando a resquebrajar.

Si algo garantiza que las elecciones se vayan a celebrar el próximo 17 de agosto es precisamente la voluntad popular, la necesidad de la gente de darle una salida a la situación actual, marcada por una espiral inflacionaria basada en la desconfianza y en una ausencia de dólares que empieza a ser asfixiante. La gente común está aguardando con calma el momento electoral, multiplicando sus esfuerzos por sobrellevar la situación, que es crítica; y también las organizaciones empresariales y económicas han hecho llamados en ese sentido, aun cuando sus esfuerzos y estrategias por sobrellevar el momento puedan estar contribuyendo a la asfixia. Como sea, a nadie “del común” le interesa un estallido en este momento, que provoque que la situación se pueda alargar en el tiempo de una o de otra manera.

Que la gente común haya mostrado más sentido común que las principales autoridades a cargo del Estado no es buena señal

Todos los indicadores son malos y el colapso parece inminente. Probablemente lo sería en un país menos resiliente que este nuestro, en el que nadie espera nada de nadie y mucho menos del Estado y todos se esfuerzan por los suyos. Los precios de los alimentos se han  incrementado en todo el mundo en los últimos cinco años, y los esfuerzos iniciales del gobierno por negarlo y contrarrestarlo manteniendo los precios ficticiamente bajos han derivado en la brecha actual; la escasez de combustible tiene que ver con la falta de dólares, que a su vez es el resultado de una política fallida en el sector de hidrocarburos, pero también de una connivencia ejecutiva con los sistemas financieros y los grandes exportadores; pero sobre todo, seguimos viviendo en un país con salarios bajos, servicios caros e insuficientes  y necesidades básicas inalcanzables, como la vivienda.

Ahora, que la gente común haya mostrado más sentido común que las principales autoridades a cargo del Estado no es buena señal, pues al final son esas autoridades quienes deben garantizar la estabilidad social, y sin embargo, parecen estar haciendo esfuerzos en todo lo contrario: El legislativo hace tiempo que no cumple con sus funciones, el judicial dicta antojadizamente, el electoral se esconde detrás y el ejecutivo parece despistado en apurar su gestión y poco más.

La gente confía en una salida democrática, sea hacia donde sea, y no se trata de garantizar la fecha, ni siquiera de dar a conocer los programas – que falta hace -, sino sobre todo de garantizar la participación plural de todas las opciones. Una fecha no va a hacer de tope para un pueblo que ha mostrado un extraordinario comportamiento hasta hoy, pero que tiene un olfato innato que le permite estallar en el momento preciso en el que se siente estafado.