La dictadura del Tribunal Constitucional

Las democracias liberales, que es a la que pertenece la boliviana por muchos ajustes que se hagan al discurso, se rigen por una Constitución Política que esencialmente protege la igualdad de todos los bolivianos ante la Ley y ante las ánforas, pues en última instancia, es el pueblo a través del voto el que elige a los representantes que son quienes hacen las leyes, y por eso el poder Legislativo es el principal, porque es el que debe resolver los problemas.

Esto quedó en evidencia en 2019, por ejemplo, cuando las leyes cortas y de emergencia lograron  llenar el vacío de poder generado tras la renuncia de Evo Morales y canalizar unas elecciones libres y plurales incluso a través de una pandemia y con un gobierno muy empoderado en la violencia que intentó cerrar la Asamblea y proscribir al MAS, y cuyos errores facilitaron precisamente el retorno de ese partido al poder.

A aquel gobierno lo ratificó el Tribunal Constitucional elegido en 2018 y seleccionado por una Asamblea Plurinacional con dos tercios sentados en la bancada azul. De aquel Tribunal que quiso borrar con el codo aquel comunicado quedan cinco miembros que no fueron renovados en la elección de 2024 y que debía haberse realizado en 2023 (de nuevo el legislativo operó).

Su no renovación no fue un despiste democrático ni una ligera negligencia. Desde el primer momento los jueces se atrincheraron en sus salas dispuestos a dar la batalla por la continuidad: aceptaron recursos, echaron atrás convocatorias, anularon procesos, hasta que llegado el momento, aprobaron la 1010, que parecía cerrar las puertas a Evo Morales, o tal vez no, porque exactamente así se dictan las sentencias desde hace bastante tiempo, y unos días después decidieron suplir al legislador y prorrogarse en sus propios cargos con una resolución de ellos mismos para evitar “el vacío de poder”.

El Legislativo volvió a quedar retratado, pues fue incapaz de hacer constar su valor. Solo una Ley puede llenar ese vacío de poder, pero en meses nunca se logró articular una mayoría – y eso que existía – para descabezar las salas e iniciar la renovación total que manda la Constitución.

Era cuestión de tiempo que volvieran a operar, y así lo hicieron: Con todo lanzado y los candidatos selecciones anularon parcialmente las elecciones en cinco departamentos asegurando de facto la continuidad de sus deliberaciones. Al menos por el momento.

El TCP ha dictado siempre en favor de los deseos del Gobierno de Luis Arce. Prohibió las interpelaciones a los ministros, por ejemplo, y anuló incluso partes concretas de sesiones del legislativo, como aquella famosa sesión presidida por Andrónico en la que se cesó a los magistrados y se aprobaron algunos créditos. La mayor evidencia era la reiterada interpretación a favor del arcismo del artículo 168 de la Constitución, donde dice que solo se puede ser reelecto una sola vez de forma consecutiva, pero que ellos insisten en que dice que para siempre.

Sus apariciones recientes están siendo claves: volvió a anular a Morales y ha anulado tres siglas del espectro popular – Pan Bol, FPV y MTS – cuando las tres habían cumplido el trámite de inscripción tras innumerables ampliaciones. Cualquiera podría pensar que esto favorece al MAS, aunque también, de hecho, puede favorecer a otras opciones de futuro que también deberán decidir qué hacer con estos Magistrados.

La amenaza pende también sobre otras siglas, y lo cierto es que en este contexto nadie debería estar tranquilo, pues cualquier interpretación antojadiza puede acabar proscribiendo una representación política de miles de bolivianos.

Hoy, con el legislativo desarticulado, la posibilidad de tener una elección plural y representativa pasa por que el Tribunal Supremo Electoral cumpla su papel y rol constitucional y deje de lamentarse ante la amenaza de un pleito por “desacato”, que en estos tiempos de democracia autoprorrogada más debería ser un motivo de orgullo que de temor.