Violencia en el Chaco y negligencia en la gestión
Más allá de la fallida construcción de la Autonomía Regional, se debe analizar qué servicios se prestan y cómo deben financiarse para no desproteger al ciudadano
Desde la propia redacción del Estatuto Regional del Chaco se viene advirtiendo del enorme problema que contempla en su preámbulo y sostiene todo el texto: se trata de una autonomía construida sobre unos recursos con fecha de caducidad y sobre los que no hay ninguna capacidad de operación local. El precio del gas lo marcan las cotizaciones en Nueva York; los contratos dependen de la capacidad de YPFB para gestionarlos y el éxito o fracaso de los proyectos de exploración depende de la empresa que haya decidido asumir el riesgo, que como se sabe, son casi ninguna, por lo tanto, la capacidad de las autoridades locales de garantizar sus ingresos fundamentales es nula.
El problema no es exclusivo de la Autonomía Regional del Chaco, pues en general todo el armatoste institucional de la autonomía incorporada a la Constitución, probablemente con muy pocas ganas de que funcionara bien, tiene el mismo problema. Se manifiesta en Tarija porque es la primera donde se explotaron los pozos que se han ido secando, pero pasará igual en Chuquisaca y en Santa Cruz, ahora de subida por Incahuasi, pero con muy pocas alternativas viables.
La Autonomía Regional nunca se constituyó como un ente unitario, sino como la suma de tres municipios
La violencia registrada en Yacuiba es la primera manifestación crítica de un problema complejo que amenaza con hacer metástasis desde hace años: Los recursos de la renta petrolera no llegan, básicamente, porque no existen. Mientras tanto, los presupuestos se siguen confeccionando de forma optimista sin entender, al parecer, que el cálculo de ingresos no genera obligaciones, sino que estas aparecen cuando se hacen compromisos de gasto mediante contratos.
El caso concreto de la Autonomía Regional se basa en normas y acuerdos antiguos, y vigentes, aunque el debate se puede alargar por semanas. La Autonomía Regional nunca se constituyó como un ente unitario, sino como la suma de tres municipios referenciados cada uno a su “ejecutivo seccional” que asumieron por triplicado las competencias transferidas del Gobierno Departamental, pero que sobre todo tenían por misión destinar un porcentaje de los ingresos a la salud y educación a través de las alcaldías.
Las alcaldías del Chaco han seguido contratando, sobre todo personal, para cumplir con las misiones asignadas, sin embargo, los presupuestos optimistas han hecho que no se puedan financiar, y esto supone docenas de familias de alguna forma estafadas ante un Estado atado de pies y manos, porque tampoco puede generar deuda para cubrir estas obligaciones.
La violencia es la manifestación extrema de esta crisis social provocada por la crisis económica que pone al descubierto las falencias de una administración negligente basada en el amiguismo y el cortoplacismo. Cumplir con la gente es fundamental y urgente, después tocará profundizar en la reflexión, analizar la utilidad de los servicios que se prestan, las consecuencias de no prestarlos y, seguramente, hacer cambios estructurales teniendo en cuenta que el problema no solo está en el recorte de gastos, sino en la necesidad de generar ingresos. La alternativa es dejar al ciudadano desprotegido.
