2025: Pensar el modelo de Estado
El Pacto Fiscal no solo implica redistribuir recursos, sino también competencias, y eso a su vez exige a los políticos asumir responsabilidades que no siempre están dispuestos a asumir.
Para culminar este mini ciclo de editoriales temáticos sobre lo que pudo ser y finalmente fue el 2024 nos centramos hoy en uno de los grandes fiascos del Estado Plurinacional: el Estado autonómico “fake”.
Desde el inicio, la concepción de la autonomía no giró sobre su principio elemental, que es optimizar la gestión y hacer que los servicios públicos funcionen mejor y de forma más eficiente al ser coordinados desde lo local, donde se conocen las verdaderas dinámicas y necesidades del territorio.
Al contrario, la autonomía en Tarija se convirtió en una suerte de carrera desenfrenada por la licitación, una competencia de ladrillos y asfalto amparada en una bonanza del gas que nos llevó a entablar competencias absurdas con el nivel central del Estado e incluso a simular aventuras de conexión internacional, de Villas Olímpicas, de rutas bioceánicas y demás.
Seguramente nunca se sentaron suficientemente las bases de lo que era la autonomía, aunque sí implementamos un Seguro de Salud que mejoró sustancialmente las condiciones de vida de los tarijeños con menos recursos e inventamos programas para transferir recursos directos a los productores agrícolas. Seguramente lo de la autonomía se convirtió en un privilegio y no en una responsabilidad.
Después vinieron los problemas.
En El País lo vinimos advirtiendo por años: sostener el departamento sobre unos recursos volátiles como los del gas, en una dinámica pervertida y sin inversión en exploración, era un suicidio anunciado, y así lo fue. En 2016 se declaró el estado de ansiedad y desde entonces, recortes y austeridad han sido las palabras de moda. Desde entonces han pasado ocho largos años.
La pregunta sigue siendo si lo que ha fallado es el modelo autonómico en sí o solo la forma torticera en la que se ha querido implementar
En todo este tiempo, la crisis parecía exclusivamente local porque las regalías caían exponencialmente y la Gobernación, plagada de compromisos, no podía hacer frente a los pagos, pero era evidente que tarde o temprano esas necesidades se trasladarían al nivel central, pues igualmente vivía de las ventas de gas. Ingeniería financiera mediante, el golpe se socapó ocho años, pero en este 2024 ha quedado en evidencia que no hay ni para promesas. Si en el pasado cercano, sobre todo cada abril, el gobierno central intentaba opacar las iniciativas locales a base de promesas y primeras piedras, este año no ha dado para más: reanudar la Choere – Acheral, alguna obra mil veces aplazada en el aeropuerto y alguna fábrica agroindustrial de futuro incierto. Poco que celebrar; insuficiente para dinamizar el aparato productivo.
Aún así, la pregunta sigue siendo si lo que ha fallado es el modelo autonómico en sí o solo la forma torticera en la que se ha querido implementar, sin una distribución clara de competencias y sin una voluntad precisa de asumir las responsabilidades del propio destino. En El País solemos creer lo segundo, pero lo primero nos exige a buscar soluciones y plantearnos si la respuesta es federal o una recentralización con más poder para el caudillo de turno, algo que sin duda merece el análisis y la discusión.
La gran traba ha sido la negativa absoluta a reformular el Pacto Fiscal, que no solo implica redistribuir recursos, sino también competencias, y eso a su vez exige a los políticos asumir responsabilidades que no siempre están dispuestos a asumir. Como fuere, el debate está en la mesa y 2025, con todas sus tensiones y todos sus rigores, merece que se aborden los asuntos centrales que nos definen como país hoy. La autonomía es uno de esos temas.
