El debate autonómico
Pase lo que pase en agosto, viene un nuevo ciclo político en el país y eso exige tener claras las necesidades y las posibilidades de un modelo que nunca fue desarrollado
Han pasado más de quince años desde que Tarija, Santa Cruz, Pando y Beni optaron por exigir una formulación del Estado que diera mayores capacidades de autogestión para los departamentos. No fue fácil pero la Constitución de 2009 incluye un capítulo en el que se reconoce la Autonomía como forma de gobierno y dota de diferentes instituciones a los departamentos para su administración.
La “concesión” resultó un hito, pues no solo modificaba el planteamiento inicial de la mayoría de los asambleístas constituyentes, sino que establecía unas nuevas reglas de juego democrático, estableciendo una suerte de contrapoder que permitiría de alguna forma una fiscalización más eficiente en tanto las necesidades de la gestión implicaría mayor transparencia.
El modelo autonómico es tan hueco que la mitad del país ni siquiera ha formulado su propio Estatuto
Nada de eso pasó. La autonomía nació tocada de muerte en tanto nunca se le dotó de los suficientes recursos económicos y la redacción final impuso una compatibilidad de competencias entre los distintos niveles que acabó convirtiendo el modelo en un ente indefinido donde todo quedaba en la nebulosa.
El tema finalmente se cerró con la Ley Marco de Autonomías, donde los diferentes gobiernos autonómicos quedaron atados de pies y manos para administrar sus recursos y el gobierno no solo exigió todo tipo de rendición de cuentas y solicitudes previas antes de ejecutar cualquier movimiento, sino que se arrojó competencias para reformular los presupuestos departamentales de acuerdo a sus intereses.
Además, la Ley Marco incluía esos artículos que permitían la suspensión de cualquier gobernador electo por parte de la Asamblea luego de recibir una acusación fiscal. Los artículos finalmente fueron expulsados del ordenamiento jurídico, pero para entonces ya había cumplido su objetivo y descabezado varios departamentos, entre ellos Tarija, que se vio sometida a cuatro años de interinato de un gobernador que nunca había tenido un proyecto para el departamento. Cuando años después la justicia declaró inocente al Gobernador, no había marcha atrás.
El modelo autonómico es tan hueco que la mitad del país ni siquiera ha formulado su propio Estatuto, pero mantiene las instituciones y su gasto sin vocación, pues tampoco las competencias son acordes a las necesidades.
En Tarija tomamos más en serio el modelo y por años nos esforzamos en satisfacer nuestras necesidades a través de esta vía, pues el autogobierno y la capacidad para atender nuestros problemas es algo casi congénito en este pueblo tantas veces olvidado y mercadeado, sin embargo la trampa no tardó en aparecer: en 2016, con la caída de los precios de los hidrocarburos, la Gobernación quedó atrapada en un espiral de deudas y obligaciones que hasta hoy se sigue pagando, pues el apoyo externo, pese a los grandes aportes de la renta petrolera extraída desde Tarija, ha sido escaso.
Ahora que vivimos tiempos convulsos, el modelo de Estado vuelve a la discusión pública en medio de una suerte de efervescencia constituyente aún muy embrionaria, urge volver al origen: la autonomía es una respuesta al olvido y es la forma más eficiente para administrar el territorio, pero no se puede considerar un fracaso si la misma no ha sido apenas implantada. El modelo no está agotado como para abrir debates de federalismo cuando ni siquiera se ha apostado mínimamente por hacerlo funcionar.
Pase lo que pase en agosto, viene un nuevo ciclo político en el país y eso exige tener claras las necesidades y las posibilidades. La autonomía merece otra oportunidad aprendiendo de los muchos errores cometidos.
