Recomponer la Justicia
Elegir a los magistrados debía servir para fortalecerlos frente a la corrupción y la injerencia y por la necesidad de cumplir con los votantes… pero no está pasando
Queda una semana para que Bolivia viva la tercera edición de un procedimiento singular como es la elección de los altos Magistrados de los principales órganos judiciales: Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura.
Aunque es la tercera vez que los bolivianos concurrimos a las ánforas por este motivo, el asunto sigue siendo espinoso y delicado, pues ni el oficialismo se esforzó nunca en explicar los motivos de esta experiencia incluida en la Constitución Política del Estado de 2009, ni la oposición ha dejado de caricaturizarla, incluso ahora, cuando el equilibrio de fuerzas en el Legislativo advertía una nueva configuración.
Por lo general en todo el mundo estos Magistrados se eligen en los parlamentos: se exigen unos méritos mínimos y, a partir de ahí, unos proponen a unos y otros a otros, obviamente por simpatías envueltas en posiciones sobre la interpretación de la Justicia, que efectivamente tiene grandes dosis de ideología. A esto se suma que las carreras judiciales suelen ser costosas, por lo que los altos cargos de los Tribunales suelen estar ocupados por jueces pertenecientes a las élites según han documentado estudios de los propios jueces en diferentes países. Es por esto que las “izquierdas” suelen pedir democratizar la elección de altos magistrados, vía parlamento o por democracia directa, como es en Bolivia y será en México, y las “derechas” suelen proponer que “los jueces elijan a los jueces”, convencidos del corporativismo de clase. Huelga decir que todo esto es teórico y que cada país tiene sus particularidades.
Por lo general en todo el mundo los Magistrados se eligen en los parlamentos: se exigen unos méritos mínimos y a partir de ahí, depende de las “amistades”
En Bolivia el planteamiento incluido en la Constitución evidentemente proponía romper los círculos de poder judicial, pero las escandalosas mayorías del MAS en el Legislativo llevó la propuesta al otro extremo: las planchas en 2011 y 2017 fueron seleccionadas íntegramente por la bancada oficialista.
Esto no estaba pasando en 2024, donde las planchas fueron pactadas por las diferentes bancadas al estar dividido el Movimiento Al Socialismo (MAS), pero la intervención del Tribunal Constitucional anulando parcialmente el proceso ha devuelto la convocatoria a la categoría de anécdota, para desgracia de la democracia nacional.
Elegir jueces, evidentemente, no es un juego, pero el argumento de que “no se conoce a los candidatos” no es suficiente para descalificar un proceso en el que nos jugamos mucho, pues mucho menos conocidos son cuando los proponen los parlamentarios en base a quién sabe qué argumentos y sin pasar ningún proceso de pública exposición.
El problema de la Justicia en Bolivia es mucho más profundo que la mera elección, y tiene que ver con la falta de respeto a la norma de los unos y de los otros, con la discrecionalidad y con la corrupción simple y llana. Conocer a los candidatos podía servir precisamente para legitimar sus acciones, para fortalecerlos frente a la corrupción y la injerencia, para aumentar la responsabilidad por la presión del voto, por la necesidad de cumplir con los votantes… pero nada de eso está pasando. Al menos de momento.
Reconstruir la Justicia en el país es una obligación moral de todos, porque sin un marco de juego estable, la convivencia está en riesgo. Sin embargo, como siempre, solo pueden ser los ciudadanos quienes a través de su exigencia y su vigilancia logren que los políticos pasen de las palabras a los hechos.
