El referéndum y los asesores del presidente
No es la primera vez que Lima logra que el TCP dicte la inconstitucionalidad de la Constitución, aunque todos sabemos cómo acabó aquel delirio
Apenas 12 horas duró el golpe de efecto. Lo que parecía un volteo de tablero de primera magnitud se va a convertir en tarascada. El movimiento de Arce reposicionaba al gobierno en la iniciativa política aún con toda la incertidumbre que puede acompañar la convocatoria de un referéndum sobre unos temas espinosos: subvención al combustible, redistribución de escaños, reelección presidencial; la aparición en escena del ministro de Justicia Iván Lima augura sin embargo todo lo contrario: debate leguleyo interminable, presión artificial, victimismo televisado y otras mañas que ya se han exhibido en otras ocasiones con pésimos resultados.
El asunto es sencillo. El presidente puede proponer los referéndums que quiera sobre los asuntos de su competencia, como el de la subvención a los hidrocarburos, que aunque a la oposición le parezca una dejación de funciones, no deja de ser la piedra angular de la política económica del país y por ende, los ciudadanos tienen todo el derecho a expresarse, pues la democracia no es – no debería ser – votar por alguien cada cinco años para que después el ganador haga lo que quiera.
El presidente también puede proponer, sugerir, insinuar, pedir o, - palabras textuales de Arce el 6 de Agosto – “plantear” una modificación parcial de la Constitución y la propia Constitución lo regula en su contenido: iniciativa legislativa respaldada con una Ley específica. No tiene vuelta.
No tiene vuelta, pero obviamente se la puede buscar, y justo eso es lo que al parecer está haciendo el Tribunal Constitucional tras el oportuno pedido del diputado raso – pero arcista – Juan José Jáuregui, que en una inusitada inquietud acaecida el 16 de julio planteó una Acción Constitucional Abstracta sobre este asunto de las competencias de cada cual para convocar un referéndum que, según explica el verdadero maestro de ceremonias de todo esto, el ministro de Justicia Iván Lima, ha sido tomada en consideración por los Magistrados del Constitucional, que son precisamente los autoprorrogados desde el 2 de enero y a los que el mismo Lima defiende a capa y espada.
No es la primera vez que el experto en operaciones especiales Iván Lima logra que el Tribunal Constitucional dicte la inconstitucionalidad de la Constitución y proclame el derecho humano de un individuo a hacer lo que le dé la gana, aunque todos sabemos cómo acabó aquel delirio construido sobre el desprecio a la inteligencia del ciudadano boliviano.
Lo más probable es que el asunto acabé convirtiéndose en la enésima pelea en la Asamblea Plurinacional, el gobierno se declare víctima y finalmente “no pase nada”, pero lo cierto es que la reiteración de esta situación ya ha hecho bastante daño a la popularidad del presidente Arce, pero, sobre todo, a la economía nacional que finalmente se sostiene sobre un marco de estabilidad que hoy por hoy no existe. Es inconcebible que un presidente lance iniciativas inviables o construidas sobre procedimientos retorcidos y ni siquiera completados.
Arce debe tomar medidas de carácter urgente y empezando por casa, pues no puede ser que cada una de las iniciativas que tome, fracase.
