Las responsabilidades de Boyuy
El titular de YPFB señala que los informes de las empresas internacionales ya advertían que la formación Huamapampa no tendría resultados más debajo de los 5.500 metros
Las revelaciones del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Armin Dorgathen sobre lo sucedido alrededor del pozo Boyuy X2 merecen un análisis a profundidad, y probablemente alguien debería tomar alguna iniciativa judicial.
El asunto tiene una parte anecdótica: el “mar de gas”, pero eso no debe opacar el tema principal: El gobierno decidió en 2018 seguir adelante con un pozo a sabiendas de que resultaría negativo, y pagó por ello.
El hecho se dio en el último gobierno de Evo Morales, quien ya estaba contra las cuerdas por la falta de descubrimientos exitosos que sumaran nuevas reservas de gas al país pues absolutamente todos los proyectos estaban en riesgo y apenas se sumaba lo suficiente para poder cumplir con los contratos firmados con Brasil y Argentina. Así, en la conformación de su nuevo gobierno en enero de 2015 le encomendó esta misión a Luis Alberto Sánchez, un tarijeño que venía de abajo en YPFB, donde entró como fiscal de campo y acabó como vicepresidente de Contratos y Fiscalización antes de saltar al Ministerio.
“El gobierno decidió en 2018 seguir adelante con un pozo a sabiendas de que resultaría negativo, y pagó por ello”
Sánchez, cumpliendo con la misión encomendada, aparcó todo lo que tenía que ver con la industrialización y se enfocó en multiplicar las reservas, pero no con pocas “trampas”. Su primera medida fue levantar la protección de las áreas protegidas, ya exploradas en los 80 – 90, para facilitar nuevos contratos y ahí se sustentó la adjudicación de dos áreas dentro de Tariquía que, por cierto, a la fecha siguen sin dar resultados. La segunda fue constituir un “fondo de incentivos petroleros” confiscando recursos de IDH a las gobernaciones, municipios y universidades para premiar a aquellos operadores que lograran incrementar el flujo. Fue ahí donde se sustentó el proyecto de Boyuy X2 dentro del área Caipipendi, operada por Repsol y que es la misma donde ya funciona el megacampo Margarita.
La narración de Dorgathen en un programa de Erbol radio es por demás descriptivo y sugiere incluso otras decisiones tomadas con alevosía, en ese momento, ya que desliza que los proyectos debían ser en el área contigua de Iñiguazú y no en Boyuy, algo que señala de “grave”.
El pozo Boyuy se convirtió en el pozo “más profundo de Sudamérica”, lo que constituyó un hito absurdo, pues resultó improductivo. Para reconocerlo Sánchez hiló el relato del “mar de gas que ustedes no visualizan” y que Evo “compró”, según Dorgathen, siendo conscientes de que esto era falso, y ahí viene lo delicado.
El titular de YPFB señala que los informes de las empresas internacionales ya advertían que la formación Huamapampa no tendría resultados más debajo de los 5.500 metros y que la propia Repsol lo advirtió, siendo consciente de que la norma en Bolivia obliga a la empresa operadora a asumir los gastos en caso de que el pozo resulte improductivo, pero eso no pasó en Boyuy X2, donde el gobierno decidió seguir perforando con recursos públicos para tratar de demostrar no se sabe qué y que algún tribunal sanamente independiente debería definir si eso fue una decisión dolosa o no, porque lo que es seguro es que Repsol con seguridad agradeció la decisión.
Todos esbozamos sonrisas de incredulidad o reímos a carcajadas con las ocurrencias de aquellos días, pero los más de 50 millones de dólares que costó no es ninguna broma. Luz y taquígrafos.
