La crisis y el Pacto Fiscal
El problema es que la autonomía de hoy, que medio país aún rechaza, se sostiene sobre unos recursos volubles sobre los que no hay capacidad de incidir
En estos momentos en los que la economía boliviana parece pender de un hilo parece un despropósito plantear la urgencia de un Pacto Fiscal, y sin embargo, posiblemente sea el momento más propicio para hacerlo y llegar a las conclusiones más acordes y sostenibles.
El actual sistema de distribución de recursos y competencias es un auténtico despropósito y no cumple con las expectativas de la Constitución ni mucho menos, con las necesidades de la gente. Hay varias razones para esto, pero básicamente tiene que ver con un sistema preconstitucional, es decir, diseñado cuando las Prefecturas eran simples brazos ejecutores del gobierno nacional a las que se les transferían recursos negociados previamente en La Paz en base a saber qué criterios. El peso entonces era de las alcaldías, y por aquello de hacer guiños, se distribuía también con las Universidades, que muy a menudo hacían de caja B para los cuadros de los partidos.
La Constitución de 2009 alumbraba un nuevo país con plurinacionalidad y autonomía; la primera parte ciertamente era más una nebulosa declarativa; la segunda contemplaba un horizonte de gestión ya experimentado en muchos países y por ende, con contenido demostrado.
Aquella Autonomía pactada en la Constitución con concesiones de unos y otros fue aún más ajustada con la Ley Marco de Autonomías, que exigía pedir permiso para comprar hasta una lapicera, subordinaba la aprobación de presupuestos de una entidad a la otra y también amenazaba con fulminar a cualquier gobernador electo con simple acusación formal, como así se hizo, aunque años después fuera declarado inconstitucional.
Esa misma Ley es la que finalmente definió las competencias que se transferían a las nuevas instituciones, y dejó su financiación en manos de un futuro pacto fiscal en base al Censo que debía realizarse en 2011, que se hizo en 2012 y que no tuvo resultados hasta 2014. El objetivo era redistribuir recursos y hasta hoy, eso no se ha hecho por muchas mesas y coordinadoras que se hayan armado para debatir sobre otros aspectos tangenciales.
El problema es que la autonomía de hoy, que medio país aún rechaza y sobrevive con una Ley transitoria por la incapacidad de gestionar su propio Estatuto, se sostiene sobre unos recursos volubles como los de las regalías sobre los que las regiones no tienen ninguna capacidad de incidir en ningún modo salvo, eso sí, autorizar a que las transnacionales perforen su territorio sin clemencia en base a promesas de redistribución y algún puesto de trabajo ocasional como chófer o cocinera.
Es verdad que en las épocas gordas las autonomías solo han servido para inflar la estructura, pero en realidad, deben ser capaces de brindar mejores servicios de forma más eficiente en tanto son las instituciones que controlan el territorio y a la gente, pero nada de esto se puede hacer mientras desde La Paz se sigue ahogando y negando los afanes autonomistas de los territorios, que simplemente quieren ser parte activa y no meros espectadores de los destinos de la Patria.
Urge un nuevo Pacto Fiscal. Nunca es mal momento para hacer justicia.
