Desterrar al caudillo
La lógica es perversa, pero no inédita, de hecho, es exactamente igual a la que se aplicó en 2019 para violar la Constitución y el resultado del referéndum
Evidentemente, escuchar a estas alturas al expresidente Evo Morales y a todo su séquito de seguidores hablar de juego sucio, de manipulación de la Justicia con fines políticos y de faltas de respeto a la democracia no puede dejar de sacar como mínimo una sonrisa de incredulidad, al menos entre aquellos que hemos seguido más de cerca la actualidad en los últimos años.
Sin embargo, el hecho de que estas circunstancias sean comunes en todos los gobiernos que han cumplido funciones en este país, elegidos por las ánforas o ungidos de rebote por triquiñuelas constitucionales no puede dejar de preocupar.
La separación de poderes es uno de los pilares fundamentales de la democracia liberal occidental, que es en la que nuestra Constitución, por mucha retórica populista que exhume, se inscribe. Esta separación de poderes ha venido siendo violada básicamente desde siempre, con esta Constitución y con las anteriores, en dictadura (obvio) y en democracia: no hay poder ejecutivo que se haya resistido a intentar imponer su voluntad no solo en el legislativo, donde hay evidentes vasos comunicantes, sino en el judicial y también en el electoral, el menor poder independiente de todos.
La inclusión del comentario sobre la aplicación del criterio emanado en la CIDH al respecto de la reelección indefinida en una sentencia que nada tiene que ver con ello, sino con la capacidad de los candidatos a cargos judiciales de haber opinado sobre política en el pasado parece tener un destinatario claro: El Tribunal Supremo Electoral, que en algún momento deberá decidir sobre la candidatura anunciada de Morales y respaldada por su organización, sobre la que mantiene el control orgánico, si es que Arce y los demás no logran arrebatársela.
La lógica es perversa, pero no inédita, de hecho, es exactamente igual a la que se aplicó en 2019 luego del fallo de 2017 con la que se anuló la disposición constitucional sobre la reelección y, aún más, el resultado de un referéndum en el que se preguntó a todo el mundo sobre el derecho a saltarse la Ley.
Independientemente de cual sea el resultado y de cómo el partido azul continúe gestionando sus asuntos internos, los bolivianos empezamos a tener un serio problema, pues a la parte intrínseca a la idiosincrasia totalitaria en la que convivimos se une un contexto mundial globalizado en el que se viene naturalizando este tipo de conductas con carta de naturaleza, lo que tendrá consecuencias.
Una cosa es imponer el criterio ejecutivo en unas cortes con mayoría legislativa del mismo color, que entra dentro de la lógica política; otra muy distinta controlar hasta el último párrafo en las sentencias más creativas de os poderes judiciales o los mínimos detalles de un procedimiento electoral que admite poca originalidad.
Es necesario que los bolivianos recuperemos la cordura, la noción de libertad para ejercer los derechos y seamos capaces de rechazar caudillismos. Nada bueno nunca salió de cosas como esa.
