Evo, Camacho y el TCP
En el gobierno estiman que ni Evo ni Camacho tienen fuerza para armar una movilización seria
Casualidades de la vida, el Tribunal Constitucional ha metido la directa en estas semanas de confusión navideña y tan pronto deja a Evo Morales sin posibilidades de candidatear como le quita la gobernación de Santa Cruz a Luis Fernando Camacho, todo sin pestañear y sin ruborizarse. Todo sin que nadie lo frene. Todo para beneficio de parte que, casualmente, siempre es la misma: el gobierno de turno.
Evidentemente, como todos los fallos judiciales, las sentencias del TCP son producto de una interpretación, de un juicio, y el resto de ciudadanos podemos cuestionarlas e incluso protestarlas, pero al final, prevalece el respeto a la instancia por aquello de la separación de poderes y porque así funciona el sistema.
En Bolivia efectivamente no siempre es así: la mayor parte de los cambios de fondo y las decisiones irreversibles se deciden en las calles, donde los ciudadanos, con manos vacías y mucho corazón, acaban poniendo el pecho para forzar los grandes cambios. Así ha sido en los últimos 80 años, y cada vez que está por suceder, hay alguien que advierte que en realidad ya Bolivia no es así, que nos hemos globalizado, que entendemos la democracia y que asumimos la decisión de las mayorías.
La cuestión es que todo el dinero sale de la misma caja.
Proscribir a Evo Morales ha sido sin duda una especie de cereza en la torta para sus rivales y contendientes, por lo general en este país en el que el resultado es lo de menos y donde los partidos solo acaban cuando se resuelven las impugnaciones, no es tan difícil de entender que los máximos magistrados hayan utilizado una sentencia sobre libertad de expresión para consolidar doctrina sobre la reelección, incluyendo la especificación de la continuidad.
Forzar la sustitución de Luis Fernando Camacho en su vicegobernador es una suerte de propina que, sin embargo, puede tener peores resultados: el gobernador cruceño lleva un año intentando ordenar una gestión desvencijada desde Chonchocoro con poco éxito y descabezarlo puede ser precisamente la oportunidad que estaba esperando para recuperar vigencia. O tal vez no.
En el gobierno estiman que ni Evo ni Camacho tienen fuerza para armar una movilización seria, y que además, ningún ciudadano común se movilizará contra el Tribunal Constitucional porque básicamente “todos son iguales”. Los acontecimientos sin embargo están en curso y sin duda es pronto para saber si esto será un asunto que se deba resolver en el ámbito político, si es un capítulo cerrado impuesto por el peso del calendario y la burocracia estatal o sin embargo, el gobierno tendrá que emplearse a fondo para contener la respuesta, sea cual sea.
Ahora, en algún momento habrá que abordar en serio el cambio de la Justicia. Habrá que sentarse para validar lo que funciona y entender qué es lo que se puede implementar en este país de las chicanas y la demagogia para que realmente los ciudadanos puedan vivir y ejercer sus derechos sin atropellos y sin subordinación al poder de turno.
Bolivia merece una justicia mejor, y también una política con vergüenza.
