Poderes para todos
Los excesos de los gobiernos de Evo y de Arce contra la separación de poderes no debería considerarse “normales”
Hace menos de cinco años la democracia boliviana vivió uno de los momentos más críticos de su corta existencia. Un presidente y su séquito decidieron consultar con el pueblo si les daban permiso para saltarse la Constitución y volver a ser candidatos. Se trataba de una proposición ciertamente deshonesta y contra el espíritu mismo del texto constitucional, que además no llevaba vigente ni una década. Se trataba de ampliar derechos para dos personas, con nombres y apellidos, lo que atenta claramente a la igualdad de todos los bolivianos.
Por aquello de la tradición caudillista y la enorme mayoría legislativa, el asunto se tramitó rápido en forma de Referéndum. El MAS acaba de lograr la victoria de 2014 y ya estaba pensando en las elecciones de 2019 y de alguna forma creyó que la admisión a trámite de la demanda marítima en La Haya le daría rebufo suficiente.
Las diferencias en el resultado fueron no tan mínimas después de una campaña tan sui géneris como la propia petición de permiso, donde se habló mucho de todo incluyendo la catadura moral de los involucrados en la consulta.
Lo grave vino después. En noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional, con unos magistrados en funciones y con sus sustitutos elegidos en las ánforas, interpretó en base al Pacto de San José que la reelección presidencial era un derecho humano que estaba por encima de la Constitución y su espíritu. Casi nada.
El resto es historia conocida y aún en debate, pero lo cierto es que nadie pudo evitar la concurrencia electoral en base a esa interpretación constitucional, tan válida o tan cuestionable como la que ahora nos ocupa.
El problema sin embargo es de fondo. Una cosa es que la separación de poderes sea sobre todo una representación y que sus faltas o excesos penalicen electoralmente; incluso que los magistrados tengan y exhiban sus sesgos ideológicos, y otra cosa es que estos sean un mero instrumento al servicio de la corrupción y los intereses del poderoso de turno y que no exista ni el mínimo pudor en mostrarlo.
El gobierno de Evo Morales no tuvo respeto a la separación de poderes, pero el de Arce no se queda atrás y todo suma en la misma deriva: volver a nombrar inmediatamente al ministro censurado por el Legislativo no es una broma ni una exhibición de fortaleza, sino una falta a la Constitución; como tampoco es menor mandar de vacaciones a los parlamentarios ni considerar vigente un presupuesto que no ha completado el trámite parlamentario.
La democracia está en riesgo por las voluntades políticas, y nadie debería creer que ha obtenido alguna ventaja, pues claramente esta se vuelve de parte en algún momento.
Liberar la Justicia debería ser una de las prioridades, pero en dos años ha reinado la incapacidad para gestionar una convocatoria legal, o al menos, una que no boicotearan los mismos afectados. Urge un pacto político que permita ir a las ánforas para elegir nuevos jueces con un reglamento muy amplio donde quepan todos. Inmediatamente después urge acordar una vía de reforma judicial que al menos controle y transparente sus hedores. El tiempo electoral debería precisamente ayudar en eso.
