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Acceso a la Información, el derecho inexistente en Bolivia

Las páginas web dan información mínima y cualquier consulta específica conlleva un trámite interminable dependiente de las voluntades políticas

El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital (principalmente), como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo, y que sin miedo a equivocarnos podemos decir que en Bolivia no existe.

En el mundo este día que se referencia a un derecho se celebra desde 2016, aunque en realidad ha venido ligado al crecimiento de internet y sus limitaciones de acceso a la información. Ya desde el año 2002 se conmemoró el Día del Derecho a Saber, que reivindicaba esencialmente lo mismo que en la actualidad: más información pública disponible.

El mundo debate abiertamente este tipo de asuntos complejos sobre el derecho a la información, que en ningún caso se pone en duda y simplemente se trata de conciliar con el uso de datos de carácter personal. En Bolivia los ministros han presentado una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional para eludir su obligación de dar explicaciones en sede parlamentaria: ese es el nivel.

En general, todos los espacios que deberían dar información puntual y eficiente sobre la gobernanza en el país parecen estar ideados justo para todo lo contrario. Y ejemplos hay miles.

Un ejemplo es la página del Sistema de Contrataciones Estatales, que parece programado para caerse a partir de la media hora de indagaciones, que se pone exquisito con acentos y artículos en las búsquedas, y que ha eliminado la función de listar adjudicaciones por el nombre la empresa, con lo útil que resultaría.

Otro ejemplo es la página del Ministerio de Hidrocarburos, con gigantografías sobre el Ministro y sus viceministros, con información somera y enrevesada sobre las áreas petroleras del país, sobre los contratos vigentes y sobre cualquier detalle un poco más técnico que decir que todo es estupendo. Lo propio en YPFB, lo propio en la ANH.

Ejemplos en Tribunales hay muchos. En el Supremo Electoral hay que dedicar buen tiempo a identificar quién ganó cómo y cuándo; en los de Justicia donde las normas y sentencias se publican con deliberada tardanza.

En el Servicio de Impuestos Nacionales, donde hay docenas de tutoriales inútiles que explican cómo llenar tal o cual formulario, pero que no puedes listar las Gracos y cuánto paga cada cual al erario público.

En la Contraloría General del Estado, donde da una información pírrica y a voluntad de los patrimonios de los gobernantes.

En el INRA, donde todo es secreto y sus informes de rendición de cuentas son fotografías.

En Derechos Reales donde lo mismo.

Y todo eso extendido por los gobiernos municipales y departamentales, donde apenas lo general se informa y donde el detalle, que es igualmente público, debe pasar por una cadena interminable de firmas y autorizaciones que acaban desanimando a cualquier periodista o investigador.

La calidad de cualquier Estado y su democracia está íntimamente ligado a la información que los ciudadanos disponen de ella. Los periodistas solo somos meros intermediarios. Todos debemos exigir que las cosas se publiquen, que se sepan… porque solo así se puede exigir que se hagan.

Es un derecho.

 


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