Puente 4 de julio: lo que no aprendimos de la bonanza
El proyecto nació prácticamente condenado al fracaso y el tiempo lo confirmó. Las consecuencias económicas y judiciales se mantendrán vigentes
El puente 4 de Julio siempre fue una inversión innecesaria. Se trata de un puente ubicado en una zona céntrica, paralelo al San Martín y al puente del Bicentenario con unas características claramente pensadas para alimentar el ego de su promotor, en este caso el exalcalde y actual senador Rodrigo Paz Pereira.
Era un puente aparentemente grande, con dos carriles, carril bici y un “tremendo” arco con tensores que tenía un fin funcional para evitar colocar demasiados pilares sobre el cauce del río Guadalquivir. Ese era el plan de inicio, porque a la primera dificultad se eliminaron esas funciones aunque en otra decisión poco defendible optaron por mantener la mole del arco a puro hormigón y fierro solo por una cuestión estética dejando claro que lo importante en este caso era que el puente se viera bonito.
El fracaso deja un evidente daño económico para la ciudad, pues con todo lo avanzado en algún momento habrá que terminarlo y con seguridad, costará más que el proyecto original
Más allá de que se puedan defender o no determinadas decisiones tomadas sobre la construcción, lo evidente es que desde el primer momento se trató de una especie de crónica de muerte anunciada: el proyecto del puente iba a fracasar pasara lo que pasara. Su propia aprobación en el Concejo fue una tortura con varios votos cruzados y una expectación pocas veces vistas. Al final Paz Pereira y su equipo lograron la aprobación del famoso e innecesario puente a pesar de costar casi diez millones de dólares en un momento de clara necesidad económica y a pesar de que la utilidad, como ya se ha mencionado, era inútil.
Para justificarlo hasta se habló del inminente derrumbe del puente San Martín y los peor pensados incluso lo relacionan con aquel fatídico y absurdo accidente en el que una pala de un vehículo municipal dañó una columna y una tubería de Cosaalt dejando a media ciudad sin agua en plena pandemia.
Desde el primer momento, no faltaron las comitivas de agoreros que diagnosticaron su desastre, criticaron con insistencia y sembraron dudas, cursando algunas denuncias por los cauces oficiales que avanzaron como avanzan las cosas estas en este país. En cualquier caso, era evidente que el proyecto iba a fracasar y habrá que estudiar con mucho detalle por qué se ha esperado hasta finales de agosto de 2022 y no se ha hecho mucho antes.
El fracaso deja un evidente daño económico para la ciudad, pues con todo lo avanzado en algún momento habrá que terminarlo y con seguridad, costará más que el proyecto original pues los precios han subido sustancialmente en el mercado internacional, pero además deja otros dos asuntos que deberán seguirse con prudencia:
El primero, una empresa nacional queda tocada por un proyecto que nació turbio. Algunos dirán que decidió jugar a ese juego. Otros que era parte.
El segundo, tanto el exalcalde Rodrigo Paz Pereira como el actual alcalde Johnny Torres quedan ahora entrampados en las consecuencias de un proyecto que tendrá su recorrido judicial y que con seguridad será empleado en el marco de la disputa política. Como tantos otros.
Cualquiera diría que con lo sucedido en los años de bonanza del gas en Tarija habíamos aprendido la lección, pero es evidente que no fue así. Ojalá valga la reflexión para el futuro y alguna vez aprendamos de los errores.
