El 45% y cómo honrar los acuerdos

No es tolerable que cada vez que hay problemas políticos, económicos o de pura eficiencia en el departamento, sea de un lado o sea del otro, o como en este caso, sea de ambos lados, se agite el acuerdo del 45 por ciento para tratar de tapar cosas mientras se insuflan los ánimos de los partidarios en un debate estéril.

El asunto del reparto de la renta petrolera para Tarija es algo así como el asunto del mar para Bolivia, solo que, en este caso, en vez de lograr unir, convierte al departamento en dos polos tensionados a los que les importa poco la razón.

Para que la polémica vaya “bien” y cumpla sus propósitos, siempre hay una serie de voceros dispuestos a dar la cara para inflamar todavía más los ánimos, normalmente con declaraciones a medias, manipuladas, mostrando documentos de parte e interesados, pues realmente piensan en la vía de la confrontación como único camino. Hay clásicos de un lado y del otro, como José Luis García o Luis Pedraza, y otros muchos dispuestos a subirse a las faldas de quien mande, sobre todo el Comité Cívico de turno.

Una vez oleado y sacramentado el reparto de regalías al 45 por ciento y prácticamente aparcada la discusión sobre una nueva forma de reparto en función de los municipios productores, la pelea esta vez tiene que ver con el reparto del 45 por ciento de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sobre el que también existe un debate encallado, aunque resuelto por la cantidad de normativa que ya lo reconoce, pero que cuando se trata de enredar, se vuelve una y otra vez sobre lo mismo.

Descontados de los 75 millones de bolivianos los 40 que se van en Renta Dignidad y otras disposiciones nacionales, el pulso en esta ocasión es por menos de cinco millones de dólares, de los que al Chaco le corresponderían algo más de 2,2 millones, es decir, unos 16 millones de bolivianos aproximadamente, es decir, una miseria para las cantidades a las que estábamos acostumbrados a percibir en Tarija y el Chaco.

Reabrir el debate reabre también heridas cerradas en falso, y es que a nadie se le escapa que el Chaco dejó de pedir “décimo departamento” y optó por pedir autonomía regional en un momento que era clave, y en el que decidió cerrar filas con el departamento.

Ahora, negar al Chaco con determinados argumentos saca a relucir todas las vergüenzas de un centralismo departamental que, sin embargo, suele esgrimir los argumentos contrarios cuando se trata de pedir respeto a La Paz. Por ejemplo, no es concebible que alguien en Tarija pueda considerar que el Chaco no reciba IDH porque “ya recibe mucho de regalías”, o que considere que esto debe calcularse solo en función de la población, porque en el Chaco son solo el 30 por ciento. ¿Se han dado cuenta que esos mismos argumentos se pueden exhibir desde La Paz o Cochabamba contra Tarija?

Por último, es del todo ruin plantear una modificación del acuerdo del 45 por ciento – que nunca estuvo vinculado a la producción – precisamente en el año en el que sus campos han tocado fondo y San Alberto es prácticamente historia. Durante años el Chaco ha dado el 55 por ciento de su gas al resto de provincias sin mayor estímulo que el sentido de pertenencia. Ahora que es el Chaco el que necesita recursos que no produce, plantear la reforma de la ley es lo menos solidario.

Urge un acuerdo y un Pacto Fiscal que permita crear proyectos departamentales reales, donde todas las provincias tengan claro el horizonte y se evite que se malgasten, pero esto debe hacerse con pulcritud y respetando los acuerdos previos. El Chaco es parte esencial de este departamento y una convivencia pacífica y beneficiosa para todos es responsabilidad, precisamente, de todos.