Cuidar la tierra, cuidar el país
Todos los bandos buscan lo mismo: apropiarse de la tierra del Estado para sacarle el máximo beneficio a como de lugar. Incendios, transgénicos y demás son asuntos menores en la lucha capital
La disputa por el control de la tierra en Bolivia es más antigua que la República. Más incluso que la Colonia. Los principales desplazamientos de pueblos indígenas, entre ellos primero y con los invasores después, se explican desde el punto de vista del control de la tierra.
Al principio era una cuestión de supervivencia, pero pronto aparecieron los intereses industriales y por el control de las materias primas. Amortizaciones, derechos mineros, petroleros y finalmente agropecuarios siempre han configurado un punto de tensión en el país.
La reforma agraria del MNR dejó tareas incompletas. El referéndum de 2004 marcó el camino para limitar el acaparamiento de tierra y las grandes extensiones. La bonanza nacional y el auge mundial de la agricultura, ante el inminente colapso demográfico, pareció abrir una nueva oportunidad para convertir nuestros suelos en productivos, sin embargo, una gestión deficiente de la cuestión parece estar llevando las tensiones al borde del enfrentamiento.
La política de la colonización no la ha inventado el Movimiento Al Socialismo (MAS), que en todo caso es algo más responsable de haber empoderado a los pueblos indígenas en el reclamo de sus propios territorios. Desde el 52, y especialmente en los 80 y 90, se favoreció el asentamiento en territorios fiscales para abrir nuevos espacios productivos, particularmente en el oriente del país. Salvaguardar el territorio poblándolo es lo más parecido a una política de soberanía nacional que han compartido todos los Gobiernos, aunque evidentemente cada uno ha tenido a sus “favoritos”.
Al oriente boliviano, y particularmente a Santa Cruz, llegaron miles de comunarios que aplicaron sus lógicas comerciales altiplánicas al exuberante territorio oriental. Fueron estos comunarios los que ampliaron fronteras agrícolas dotando de algunos servicios elementales, comerciales, y que poco a poco se fueron apoderando de segmentos del negocio, como el transporte de cargas.
El INRA ha fracasado en su intento de distribuir y titular tierras para mejorar la productividad y competitividad del país, y sin embargo, ha alimentado la polémica y los recelos entre los tres sectores involucrados hoy en este asunto: Comunidades Indígenas, que estaban ahí antes que nadie, aunque su forma de vida no tenga que ver con la agricultura extensiva; comunidades interculturales, a las que se llevó y se lleva hasta lugares estratégicos del país para abrir tierras; y los grandes terratenientes, que han sabido sortear las limitaciones de extensiones propietarias a través de cooperativas, palos blancos, sociedades comerciales, y otras fórmulas que permiten la acumulación.
La crisis alimentaria mundial – se esperan 10.000 millones de personas en 2030 para las que tal vez no haya alimento suficiente – ha acentuado la ambición por el control de la tierra, muy al margen de su función social, y en esto no hay un bando bueno y uno malo ni nada parecido, porque todos buscan lo mismo: apropiarse de la tierra del Estado para sacarle el máximo beneficio a como de lugar. Incendios, transgénicos y demás son asuntos menores en la lucha capital.
En esas, cabe recordar lo dispuesto en nuestro texto constitucional sobre la diversidad y los valores y también las necesidades que tiene la Patria, donde la pobreza extrema se ha multiplicado en este contexto de crisis. Pero sobre todo, cabe hacer un llamado al entendimiento: ningún problema se resuelve a través de la violencia, que solo construye odios que, más temprano que tarde, acabarán por consumir al país.
