Alerta feminicida en Tarija
Aunque ha bajado el número de víctimas mortales en Tarija desde 2018, la cantidad de denuncias por hechos de violencia se mantienen altos
Que en términos absolutos se hayan reducido drásticamente el número de mujeres asesinadas en el departamento de Tarija desde 2018 es más un capricho probabilístico que el resultado de una política organizada y coherente.
Más al contrario, la “mejoría” de los datos en términos de muerte, que son finalmente los que más impactan en la sociedad, ha hecho que el asunto vaya volviendo al cajón del olvido poco a poco, olvidándose de herramientas necesarias como el Observatorio de la Violencia y de otras medidas que se habían planteado en la declaratoria de emergencia de 2018.
En aquel año nefasto se contaron 12 feminicidios en Tarija, un récord intolerable que movilizó a la sociedad exigiendo respuestas. En los años siguientes se han promediado dos casos, y en 2021 se ha contabilizado el segundo en Caraparí, en un hecho de extrema violencia que exige una respuesta contundente.
Sin embargo, el número de hechos violentos denunciados, sea violencia sexual o física, no se ha reducido según los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, por lo que las activistas califican este resultado como fruto de la casualidad, ya que en cualquier momento podría volver a elevarse.
Con la pandemia golpeando fuerte a las familias, se abre un periodo de incertidumbre económica que, de acuerdo a los análisis de especialistas, conllevará escenarios de violencia producto de la canalización machista de la frustración y otras pulsiones que siempre rompen por el lado del más débil.
En ese sentido, conviene activar las alertas a estas alturas del año, sobre todo después del revuelo electoral que todo lo cambia, para que nadie se olvide de sus obligaciones.
Y es que en esto de luchar contra la violencia machista tampoco se trata de inventar la rueda. Por un lado, corren las medidas de largo plazo que tienen que ver con la educación, y la redefinición de roles en una sociedad no violenta, y donde la labor permanente de denuncia es imprescindible; y por el otro las medidas urgentes de prevención e intervención para proteger a los más vulnerables.
En la emergencia no se pueden cometer errores, pues son fatales. Los servicios sociales e instituciones están: SLIM, FELCV, Defensoría de la Niñez, ONG, etc., están en su sitio, lo que hace falta es que los mecanismos de detección y actuación funcionen, y para ello hace falta recursos y buena voluntad.
Es imprescindible que las denuncias de malos tratos se canalicen ágilmente, que las medidas de protección sean firmes y consecuentes y que no haya excusas de tipo material que finalmente se pague en vidas humanas.
La revisión de la Ley 348 a pedido de las propias activistas está en marcha, ahí se pretenden corregir algunos de los problemas de aplicación que se han presentado a lo largo de estos pocos años de vigencia y conseguir una Ley más potente no solo en lo punitivo, ahora bien, siempre hay que estar alerta para evitar que se incorporen retrocesos… pues cuestan vidas.
