Combatir la corrupción con cinco sencillas medidas

La transparencia es un valor que suena muy bien en campaña, pero que es la mar de incómoda cuando se está en la gestión, pues evidentemente una cosa es predicar, y otra cumplir con los preceptos.

Por lo general, la administración pública y sus mecanismos de transparencia están hechos para no encontrar la información que se necesita, peor si encima se pretende acceder desde una computadora conectada a internet desde la comodidad del hogar. Y es que los mecanismos están hechos para toparse con la rigidez de la burocracia que suele pedir 20.000 firmas y sellos para acceder a cualquier dato, que de entrada será rechazado y que después, si se logra insistir y llegar hasta el final, normalmente se obtendrán respuestas ya fuera de la coyuntura.

Es verdad que hay algunas páginas que sirven y son útiles, aunque estén pensadas para dar la menor cantidad posible de información. Es el caso, por ejemplo, de la de Fundempresa, un registro mercantil de los de toda la vida pero que exige demasiados datos para acceder a la información tanto en la web como en papel, donde cobran una buena cantidad de recursos.

Es el caso también de la web del Sistema de Contrataciones Estatales, una página construida para dar la información justa, la menor posible, y que no sea tan fácil de buscar. Por ejemplo, resulta común que las instituciones públicas cambien de nombre oficial o que suban tarde su información.

Hay otras como la de la Contraloría, donde se pueden consultar un pequeño extracto de la declaración de bienes de todo servidor público, y que de un tiempo a esta parte exige incluir nombre y apellido correcto, nada aproximado en un país en el que la ortografía no es santo y seña.

Es posible que hubiera que empezar de nuevo a construir muchos de los sitios web, pero también es posible que con muy pocos ajustes ya se pueda dar una mayor transparencia en las cuestiones esenciales. Proponemos las siguientes:

Por ejemplo, el Sicoes debe permitir una búsqueda por empresa adjudicataria, algo que ahora no permite, por lo que es prácticamente imposible saber qué empresa se ha adjudicado más en tal o cual institución y desde cuándo o cuántas obras tiene contratadas a la vez la misma empresa. Es ilógico que esto no se pueda hacer.

Igualmente, y como complemento, debe existir un registro accesible y abierto de “Asociaciones Accidentales” que participan en adjudicaciones, saber cuándo y sobre todo que empresas (y dueños) conforman estas Asociaciones. Por supuesto con su buscador.

Debe existir una forma más rápida de saber quién es el propietario de cada empresa, pues al final, hacer empresa es participar de la vida pública, por lo que el anonimato es contraproducente y no tiene sentido.

Los bienes raíces constituyen el principal elemento de especulación, por lo que se debe transparentar su tenencia, al menos después de la primera vivienda.

Lo último es la familia. Ay la familia. Aquellos que se meten a administrar la cosa pública deben saber que no habrá privacidad para nadie. Tampoco para la familia cercana. Y así debería ser.

¿Cuántos cambios están dispuestos a introducir las autoridades de todos los niveles para que la transparencia sea un verdadero valor al alza? Pronto lo veremos.