El contrabando tolerado y la industria nacional
Por mucho músculo que se saque con los datos de importación legal y los tributos reportados, los montos siguen siendo pequeños respecto al ingreso de contrabando
Es uno de los grandes misterios de la economía boliviana, tolerado de alguna forma por todos a pesar del reconocido daño que hace al país. El control de las fronteras es una broma mientras el castigo impositivo a la importación de bienes de capital y equipo sigue penalizando demasiado a los productores bolivianos, que pierden competitividad con el mismo sector en cualquier otro país.
Por alguna razón, a nadie le interesa acabar de poner el cascabel al gato, ni en un sentido ni en el otro. Las fronteras siguen siendo porosas, eso es evidente en un país pobre con millones de kilómetros de límites en territorios inhóspitos y de todas las características. Nunca habrá una forma suficientemente práctica que permita peinar tantos kilómetros de frontera. Ni las potencias más desarrolladas del mundo lo hacen.
Lo que no tiene sentido en Bolivia es que una vez dentro del país, todo se normalice sin más y quede en manos del Senasag o de la mismísima Intendencia Municipal, con su nulo poder punitivo, controlar la calidad y legalidad de los productos a la venta. Por si fuera poco, además, siempre se esgrime ese legítimo derecho al trabajo consagrado en la Constitución que permite hacer casi de todo.
Los datos lo advierten claramente, aunque la Aduana Nacional saque músculo con la mejora de sus proyecciones de ingresos, que en los primeros cinco meses del año han superado los 5.000 millones de bolivianos, la importación legal es de 18.000 millones de bolivianos y los pasos fronterizos son tremendos coladeros. Por ejemplo, las tres fronteras tarijeñas han reportado menos de 1.400 millones de bolivianos en cuatro meses, de los que más de 900 corresponden a Yacuiba, casi 400 a Villa Montes – sobre todo diésel – y apenas 97 a una frontera tan dinámica como la bermejeña.
El otro problema tiene que ver con el castigo a la importación legal de bienes de equipo y de capital, que a las empresas les sigue costando muelas no solo por los fletes, que son de los más altos del continente por nuestra situación mediterránea, sino por la propia disposición de los gravámenes, que no discrimina entre la finalidad de uno u otro.
Algo más, en ese afán de maquillar números, la Aduana Nacional ha hecho pasar ridículos sonoros al personal de las aduanas aéreas, obligados a abrir todas y cada una de las maletas para rebuscar posibles productos nuevos sobre los que cargar impuestos en una acción vergonzosa que supone el enésimo golpe a la promoción turística nacional.
Lo cierto es que urge una revisión a fondo ya no de los valores y procedimientos, sino del marco legal que regula estas prácticas. Bolivia necesita una fiscalidad acorde a sus necesidades de desarrollo, que prime los esfuerzos nacionales y castigue a los que vienen a competir con lo nuestro con precios más bajos precisamente logrados con los incentivos de un Gobierno que no mira para otro lado.
