La política de la CEB y la transición completa
La Iglesia suscribe el relato de Carlos Mesa y pasa de puntillas por el Gobierno de Jeanine Áñez, que rompió los acuerdos de transición violentando el país: Las ánforas dictaron sentencia
La última irrupción de la Conferencia Episcopal Boliviana en la vida política nacional no ha dejado indiferente a casi nadie, y pocos han quedado contentos tanto por el contenido como por el procedimiento. En un Estado laico, siempre resulta polémica la participación de la Iglesia, sobre todo cuando es de parte, pero, aun así, sus documentos se leen con profusión y los absueltos por su juicio suelen exhibir el documento como prueba de razón.
Esta vez, coincidiendo con la declaración en Fiscalía del expresidente y excandidato Carlos Mesa, han hecho pública su propia visión de los sucesos acaecidos entre el 7 de noviembre de 2019 y el 20 de enero de 2020, y en esto, las fechas son importantes.
Los Obispos hablan de un diálogo de mediación impulsado por diferentes instituciones, pero donde se reservan el papel principal cuando conviene. El punto de inicio de ese proceso lo ubican el 7 de noviembre en una reunión con el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, justo el día de antes de que desencadenara en motín policial en Cochabamba el viernes 8 de noviembre y que fue la clave para la renuncia de Evo Morales el domingo 10 de noviembre, por lo que el “diálogo” bien puede entenderse como una reunión para tratar los términos de la rendición.
El relato que acompaña a la cronología coincide prácticamente punto por punto con lo que defiende Carlos Mesa y el conjunto de actores contrarios al Movimiento Al Socialismo. Obvia, por ejemplo, la violencia desatada en Potosí que obligó a renunciar al presidente de Diputados y no se cuestiona en ningún momento estar imaginando el futuro con unos y no con otros. También es laxa cuando reconoce que se pactó no avanzar nada sin la participación de la bancada del MAS, algo que, sin embargo, no se cumplió. También señala que ni los facilitadores del diálogo participaron de la autoproclamación de Áñez, aunque da por buena la declaración del TCP, basada en una Constitución derogada, y, además, pasa de puntillas por los hechos violentos de Sacaba y Senkata.
La CEB da por concluido el informe de los hechos justamente el 20 de enero, solo dos días antes de que Jeanine Áñez rompiera todos los acuerdos dejando de ser un Gobierno de transición para pasar a ser un Gobierno candidato, abusando de todos los resortes del poder de la misma manera que lo hacía Evo Morales.
Seguramente entonces, como ahora, todos los actores tenían y tenemos voluntad de pacificar el país y contribuir a una salida democrática a un conflicto al que nos abocó, precisamente, el no respetar las normas del juego que están en la Constitución y que asigna papeles a todos y cada uno de los actores de la vida pública.
Cuando Áñez se volvió candidata hubo amenazas de ilegalizar al MAS, de cerrar la Asamblea Plurinacional e incluso de postergar indefinidamente la fecha de las elecciones, y no sabemos qué papel jugó la Iglesia Católica en ese momento, pero sí el que jugó el pueblo con un resultado electoral inobjetable que cerró una transición que nunca fue. Los procesos deben mirarse completos y es el pueblo en las urnas quien da y quita razones.


