Aduana, DS 181 y Ley Quiroga Santa Cruz, la tríada de la economía antinacional
Es urgente que un Gobierno no alineado, como se presupone es el de Bolivia, tome las medidas necesarias que modernicen la administración, que se cuiden los recursos nacionales en el país y que se impulse a sus empresas
Por alguna extraña razón, 14 años de Gobierno “socialista” no nos han librado de los principales males que vienen lastrando nuestra economía y que tiene que ver con una serie de políticas antinacionales que vienen anidando en el aparato burocrático, cuando no en la conciencia subordinada colonial.
Son normas, pero también actitudes, las que conforman una estructura que parece tener un objetivo: hacer fracasar a la empresa nacional.
Una de las patas de la estructura la comentábamos ayer: la Aduana Nacional pasa por ser un lastre demasiado grande, particularmente al sur del país, donde su labor de control es infructuosa. Mientras se promueve el “consume lo nuestro”, los mercados se inundan de mercadería extranjera que llega sin contratiempos en las fronteras, sin que nadie le ponga un alto. Una vez en el mercado, la Aduana se escuda en la intendencia y viceversa, y al final, nada nunca pasa.
Otra de las patas tiene que ver con el Decreto Supremo 181, el que regula las normas de contratación y que es una réplica de la que implementó Víctor Paz Estenssoro en los 80 y fue ajustada después por Gonzalo Sánchez de Lozada: es una norma ajustada a los lineamientos del Banco Mundial desde 1985. Ni Evo Morales ni Luis Arce Catacora vieron motivos para tumbar esos lineamientos y, aunque también le hicieron sus ajustes, incorporando una nominal preferencia por el empresariado nacional que la propia norma hace inviable por todo lo que hace referencia a las garantías y a las exigencias de experiencia, y que hace que, por ejemplo, una empresa española que jamás construyó en Sudamérica se adjudique – también por ejemplo - la ruta al Chaco para acabar subcontratando todo y se pueda marchar a toda prisa en cualquier momento.
Hay más patas, por ejemplo, la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, pensada con mucho mimo para convertirse en implacable, evitar la prescripción y utilizarla desde el revisionismo histórico que en realidad acabó atando de pies y manos a cualquier funcionario público, convirtiendo al ejército de servidores en borregos, incapaces de dar soluciones o aprobar absolutamente nada por temor a los efectos de la Ley.
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Los postulados económicos están cambiando a marchas aceleradas. Mal que pese a los más ortodoxos, Donald Trump abrió la brecha proteccionista y todos los demás gobiernos del mundo han entrado en barrena por el mismo espacio. La pandemia ha venido a acelerarlo, tumbando finalmente todas las caretas: los Estados hoy son los garantes de que el capitalismo funcione, sea a través de estímulos de inversión nunca vistos, como el de Joe Biden en Estados Unidos, sea a través de programas de ayuda directa fundamentalmente al empleo como los implementados en Europa o sea a través de la contratación y ejecución directa como en China y Rusia.
Es urgente que un Gobierno no alineado, como se presupone es el de Bolivia, tome las medidas necesarias que modernicen la administración, que se cuiden los recursos nacionales en el país y que se impulse a sus emprendedores desde las lógicas actuales, que ya no son las del libre mercado puro y duro sino los del compromiso con la raíz. Arce debe acelerar la huella de su legado si quiere consolidarse en el poder, y nacionalizar la economía de verdad en este contexto parece ser ya no solo lo más necesario, sino algo ineludible.
