La cultura del Pacto de Estado
El país necesita reformas urgentes al menos en tres áreas: La Salud, la Educación y el sistema financiero, y se pueden impulsar desde el diálogo y la construcción nacional
La política se erosionó tanto en este país en los años 80 y 90 que la palabra “pacto” pasó a considerarse mala palabra en todos los sentidos. Cualquier acuerdo tiene siempre la sombra de la sospecha y parece ser transado con recursos económicos. Con todo, desde El País nos resistimos a creer que no es posible implementar políticas a nivel nacional en los que se ponga por delante el interés nacional y nadie se preocupe de cómo quedará su pega o su nombre en la foto.
En un momento como el actual, el país necesita reformas urgentes al menos en tres áreas: La Salud, la Educación y el sistema financiero, en las tres áreas es evidente que se pueden encontrar ajustes que beneficien más al país y por ende, no se debería manejar partidariamente, sino desde la unidad.
Estamos en una crisis profunda, en un cambio de ciclo importante a nivel continental y en un tiempo en el que se necesitan reformas valientes en áreas vitales antes de entrar a las reformas sensibles, el pacto social es clave
La pandemia ha puesto patas arriba todo el sistema de salud y con todo, la precariedad del sistema público es el que mejores respuestas ha dado una vez que se han movilizado recursos para contratar personal e insumos. No tiene sentido que después de todo lo vivido y todos los aportes que han hecho los trabajadores a las Cajas de Salud hayan sido tratados como han sido tratados. Tampoco tiene sentido mantener un sistema privado incompleto y lo suficientemente caro como para quebrar a una familia que lo considera una opción de salvación.
El SUS fracasó por la premura con la que quiso ser implementado y la evidente intencionalidad política, pero la pandemia ha dejado al descubierto que no tiene sentido hacer esfuerzos en paralelo por tres vías para que al final, las tres sean mediocres e insuficientes.
Por otro lado, nuestro sistema de Educación reformado con la Ley Avelino Siñani nació ya obsoleto, en base a principios abanderados en los 90, pero ya desfasados en un tiempo en el que la competitividad y el desarrollo individual son complementarios a lo grupal.
El sistema ya necesitaba una reforma, pero la pandemia nos ha acabado por tirar al piso definitivamente, dejando ya año y medio de retraso respecto a muchos de nuestros países vecinos, un retraso que tendrá consecuencias directas en la formación del PIB de los próximos años, pues la relación directa entre desarrollo y formación está homologado en múltiples sistemas.
El otro desafío es el del sistema financiero, sin duda el menos intervenido por un Gobierno de 14 años con principios socialistas, pero que ha ido acomodando las normativas de los años del gonismo para mantener un sistema bancario que vive del ahorro de las AFP, que a su vez apenas han colocado un 2 por ciento de los ahorros en empresas de capital íntegramente boliviano, y apenas una mínima cantidad referida a empresas productivas.
El planteamiento es similar al de los ahorros de las reservas del Banco Central de Bolivia, etc. Por lo general, las normas de la Triple A y la tiranía de las empresas de calificación de riesgos y grandes transnacionales ordenan el destino de los fondos ahorrados por los bolivianos, es decir, dejan de financiar los esfuerzos nacionales para financiar los de las potencias centrales.
Estamos en una crisis profunda, en un cambio de ciclo importante a nivel continental y en un tiempo en el que se necesitan reformas valientes en áreas vitales antes de entrar a las reformas sensibles, el pacto social es clave. Evidentemente, el Gobierno, con su mayoría aplastante, es quien tiene que tomar la iniciativa.
