El fracaso de la Ley de Incentivos

Desde el primer momento era obvio que el Estado estaba usando dinero de las regiones para financiar una competencia que es exclusiva del Gobierno Nacional, y en cuya justificación usó dos burdas falacias

El ministerio de Hidrocarburos ya confesó en sede parlamentaria que la Ley de Incentivos no ha servido para lograr su objetivo., por lo tanto, resultaría una obviedad que se tomen las medidas pertinentes de forma acelerada para que una Ley que finalmente ha resultado inútil a su objetivo y lesiva a los intereses de las regiones, municipios y universidades acabe cuanto antes su ciclo. Pero eso tampoco está pasando.

La Ley de Incentivos Petroleros se aprobó a la carrera en diciembre de 2015 y desde enero de 2016 se empezaron a descontar el 12 por ciento de los ingresos que les correspondían a departamentos, municipios y universidades por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). El objetivo era constituir un fondo con el que premiar a las petroleras por acelerar sus trabajos exploratorios, pagando más por lo obtenido.

Desde el primer momento era obvio que el Estado estaba usando dinero de las regiones para financiar una competencia que es exclusiva del Gobierno Nacional, y en cuya justificación usó dos burdas falacias. La primera, que no se confiscaba nada a las regiones, porque la dotación al fondo se hacía antes de la distribución de recursos y la segunda, que cada boliviano invertido se multiplicaría por cuatro en las regiones.

El tiempo ha dado la razón a los críticos, pues los supuestos solo tenían que ver con el hecho de que los proyectos exploratorios fueran exitosos. Y no lo fueron. En Tarija dos inversiones tenían que ver con este fondo, la perforación en Boyuy planteada por Repsol y la perforación en Huacareta con el Jaguar X6.

El primero se convirtió en el pozo más profundo de Sudamérica que el ministro de turno quiso vender como éxito, pero que fue improductivo; el segundo también y ni siquiera se dieron muchas explicaciones de lo sucedido.

El fondo sin embargo se siguió llenando mes a mes con recursos que podían haber sido bien empleados en las regiones, pero a los que no se pudo acceder. Solo al final de 2020 y ya con la pandemia extenuando a la administración pública incapaz de generar recursos propios se articuló una Ley que permitió recuperar 500 millones de lo invertido, no todo, para poder articular algunos de los planes de contingencia que los mismos municipios y regiones se vieron obligados a tomar.

¿Cuál es el futuro hoy de esa Ley? Lo normal es que después de que el ministro Franklin Molina confesara su inutilidad, lo que procede es no solo la paralización de descuentos – confiscaciones, sino la recuperación de los fondos ya aportados, salvo que alguien tenga una idea mejor con esos recursos que realmente den beneficios para todos.

Lo cierto es que el mercado de los hidrocarburos ha cambiado y la exploración tradicional ya no parece estar en la agenda de unas transnacionales cada vez más voraces, dispuestas a acabar con todo antes de que la industria disque cambie a otras formas de energía más verde y sostenible.

Quién sabe si alguna vez veremos eso, pero mientras tanto el fracking y todas las técnicas invasivas de exploración planean deseosas de hincar el diente en el famoso “mar de gas” que no todos podemos visualizar, pero que ya cotiza al alza.


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