La Ley del 8% y el necesario entendimiento municipal
Es tiempo de más unidad, no de más conflictos chicos que nos pueden desgastar en el objetivo último, que es devolver a Tarija a la senda del desarrollo
La Ley del 8 por ciento siempre fue un atentado a la autonomía departamental, y no por el hecho de que se dispongan recursos para los municipios, ni mucho menos, sino por el mecanismo pernicioso que autoriza al Ministerio de Economía a hacer los débitos automáticamente después de que lo solicite un alcalde, sin otro trámite ni consulta salvo el de verificar que en cuentas departamentales para lo que el munícipe solicita.
Este mecanismo atenta frontalmente contra la autonomía porque dinamita cualquier tipo de planificación o previsión y disuelve el derecho de controlar los tiempos y los destinos. Es el alcalde y el técnico de turno del Ministerio el que decide cuándo es el momento de sacar recursos de la caja departamental.
Disponer recursos para los municipios es una obligación que está recogida en el Estatuto Autonómico y, por ende, se deben encontrar las maneras para que esto suceda, pero parece justo que este mecanismo sea transparente y público y no un proceso cerrado y negociado en la semi clandestinidad de alcaldes y altos cargos de la Gobernación.
Durante años, el Gobierno Departamental decidía discrecionalmente dónde sí y dónde no ponía los recursos. Así se acumularon deudas y también grandes diferencias entre unos municipios y otros, violentando aquello de que todos somos iguales ante la Ley. Actualmente se calcula que se deben casi 200 millones de bolivianos: A Cercado se adeudan 61 millones de bolivianos, con El Puente son 15,9 millones; con Uriondo 9,1 (aunque debitó 13 en pasadas fechas); con Padcaya 31,5; con Bermejo 20,4 y con Entre Ríos 60,1. Diferencias notables entre unos y otros.
La Ley del 1%, o del 8%, lo que hace es asignar un monto obligatorio por año para cada uno de los municipios. Monto que la Gobernación de Tarija debe transferir o, de lo contrario, atenerse al débito.
La Ley contó con respaldo mayoritario en un primer momento de la sociedad civil, aunque en la reflexión posterior fue perdiendo adeptos tanto por el tema explicado de la violación autonómica, como por la poca planificación.
Lo ideal sería una Ley que asegurara un monto presupuestario, pero además tuviera en cuenta las características socioeconómicas de cada municipio, pues no es lo mismo Cercado que Yunchará, aunque seguramente hace más falta en Yunchará que en Cercado. A más, no se debería tratar de que los alcaldes presentaran cualquier proyecto antojadizo, que se suelen reducir a canchas o riegos, sino que debería enraizarse en un proyecto superior donde estuvieran marcadas las prioridades departamentales y las áreas de interés para el desarrollo estratégico.
Probablemente es pedir demasiado, pero Tarija en sí debe hacer esfuerzos en una planificación ordenada y en formas creativas de abordar lo que en esencia es un pacto fiscal departamental, porque lo va a necesitar para negociar bien en el pacto fiscal nacional.
La Ley del 8% no debe servir de arma arrojadiza, ni de chantaje permanente. Es urgente que los municipios y la Gobernación se sienten para establecer su hoja de ruta. Es tiempo de más unidad, no de más conflictos chicos que nos pueden desgastar en el objetivo último, que es devolver a Tarija a la senda del desarrollo.
