El paso de los subgobernadores
El cambio de función de los subgobernadores, sometidos ahora a la decisión del Gobernador, puede herir sensibilidades en las provincias y ahondar la división
Después de una década de experimento, los subgobernadores vuelven a ser en esta gestión un funcionario más del Órgano Ejecutivo, al que rinde cuentas, puesto que el Tribunal Constitucional le quitó cualquier cualidad gubernativa al no encontrar parangón en el texto constitucional.
En la práctica, el gobernador Oscar Montes es quien nombra, encomienda tareas, pide informes y puede cesar en cualquier momento al ejecutivo designado, como a cualquier otro secretario. Puede incluso dejar vacante el cargo si se considera que es innecesario, aunque en principio no puede eliminarlo definitivamente, porque el mismo está contemplado en el Estatuto Autonómico.
Montes – como este diario – siempre fue crítico con la figura de los subgobernadores, porque, aunque en la concepción pudiera haber parecido una buena idea, en la práctica se convirtieron en un nuevo poder cuya función era pelear con la Gobernación para arañar recursos para competir con el alcalde de turno, igualmente electo. Era precisamente esa condición de electo por la voluntad popular la que dotaba a los subgobernadores de legitimidad para exigir proyectos y recursos departamentales para sus municipios, y esa misma legitimidad los llevó a nombrar ostentosos gabinetes, contratar choferes, vagonetas, líneas gráficas y mucho más.
Se calcula que aproximadamente los subgobernadores han estado canalizando el 60 por ciento de los recursos departamentales, lo cual es una aberración, puesto que ese porcentaje se ha llevado para proyectos del ámbito municipal, salvo excepciones, en lugar de haber podido invertir en conjunto en proyectos de alta dimensión y alcance departamental. En la práctica, los subgobernadores han licitado caminos vecinales sin visión de conjunto, o proyectos de riego de llegada a unos pocos en lugar de haber abordado un gran proyecto de abastecimiento con los recursos de todos.
Quizá todo hubiera sido distinto si además de recursos hubiera habido un plan de desarrollo común que estableciera prioridades por región y de esa forma se hubiera podido orientar la actividad y sumando alianzas entre ejecutivos para abordar proyectos interprovinciales o mancomunales, pero eso nunca sucedió. Al contrario, los subgobernadores jalaron para su lado lo más fuerte que pudieron, y establecieron el disenso como método de diálogo.
La cuestión es que esta figura ya no existe, pero son diez años en los que la realidad de las comunidades ha cambiado, no siempre para bien, y que requieren de una mayor atención. Son diez años en los que los comunarios y no tan comunarios han guardado pleitesía a un Subgobernador al que llamaban Gobernador y que en realidad no correspondía. Con todo, los aprecios hay que calcularlos, y atenderlos.
El cambio de función de los subgobernadores y la arremetida contra leyes como la del 8 por ciento le puede generar un problema de legitimidad al propio Montes en las provincias que ahonde en la división, lo cual es justo lo contrario de lo que conviene en este momento, donde se necesita más cohesión que nunca.
