Gigantes tecnológicos, IVA y ¿qué más?

Sin entrar en cuestiones ontológicas y dejando de lado a los productores agrícolas y demás, partamos de que en Bolivia todo el mundo que vende bienes o presta servicios debe pagar impuestos directos e indirectos, aunque evidentemente todos acaban siendo repercutidos a los compradores.

Bien, mal o regular, esos impuestos son los que construyen el Estado y no son un invento boliviano, obviamente, sino que todos los países del mundo – salvo algunos paraísos fiscales - aplican un concepto similar y, por cierto, más alto que el que se aplica en Bolivia que es del 13 por ciento en el caso del Valor Agregado (IVA).

En Bolivia hay muchos problemas con los impuestos y desde siempre, pues, para empezar, el Servicio de Impuestos Nacional (SIN) ahoga hasta la extenuación a las empresas formalizadas y hace más bien poco por normalizar a las irregulares, que se cuentan por millares y a la vista de todo el mundo. El problema mayor es que los impuestos no se lucen, y, por lo tanto, la idea generalizada es que se roban o se malgastan, y probablemente es verdad.

La mala praxis ha llevado al rechazo sistemático, y eso mismo ha sido aprovechado por los cultores del ultraliberalismo que interpretan la sociedad desde el mito del sueño americano y el mito de la supervivencia del más fuerte e insisten en que el Estado solo debe dejar hacer.

A pesar de que nuestra recaudación es mínima en relación a presupuesto, quienes tienen que pagar no lo hacen a gusto, sean empresas o sean particulares. Lo que es del todo inconcebible es que alguien venga a hacer negocios a Bolivia y se le tolere no pagar impuestos.

Esto es lo que viene pasando con las plataformas digitales desde hace muchos años en el país, donde simplemente se ha dejado hacer, aunque eso no ha supuesto que tengamos una mejor conexión a internet ni precios más accesibles a equipos, computadoras o celulares, sino que seguimos teniendo la infraestructura que tenemos, la mayor parte de ella financiada con dinero público, como la conexión oceánica de Entel que con bombo y platillo anunció Jeanine Áñez.

Es curioso que a Netflix o Facebook Ads le hayan salido una legión de protectores que sufren porque si el Estado le pone un impuesto tengan que castigar un 13% de sus ganancias o subir los precios ofertados en el país, que por cierto no son tan accesibles para no haber invertido nada.

Es verdad que el Gobierno ha hecho su enésimo ridículo espantoso tirando de retórica propagandista cuando es evidente que el IVA se transmite a los usuarios, y cuando no reconoce su negligencia de no haber cobrado los impuestos pertinentes durante casi una década – porque lo de las plataformas digitales no ha llegado con la pandemia -. No es verdad que haga falta una Ley Especial para cobrar a este tipo de empresas, y no estaría de más que cursara una estimación del beneficio de los últimos cinco años y se extendiera la minuta correspondiente a Zuckerberg y compañía, que por cierto han lucrado como nunca en los tres años de campaña electoral donde la inmensa mayoría de la propaganda política se ha ido por las redes sociales sin aportar ni un peso al Tesoro General de la Nación.

Y es que el IVA es un asunto básico, lo que deberíamos discutir es qué tasa o en qué modo van a aportar estos gigantes tecnológicos, que están ahogando a la producción cultural e informativa local, a precisamente impulsar la transformación digital y la producción de calidad. Esto ya se ha hecho en países como España y Australia, y sí, aun así, seguirán ganando.