Un incierto plan económico nacional
Desde los círculos empresariales ya advierten que el problema es la indefinición del Gobierno en los asuntos clave y el sometimiento de la política económica a la electoral
Al contrario de lo que sucedió en 2008, ningún Gobierno del mundo está aplicando por decreto políticas de austeridad para superar la crisis económica que sobrevendrá a la crisis sanitaria del Covid-19 y que ya empieza a aparecer con fuerza en algunos de los grandes países de la OCDE.
Al contrario de lo que sucedió en aquella crisis originada en el sector bancario y que trajo una década de depresión económica por las políticas de contención y recorte de gasto público que se aplicaron, en esta ocasión los Gobiernos están aplicando las recetas contrarias, y en ese sentido tanto Europa como Estados Unidos con Joe Biden han anunciado ingentes programas de inversión pública en infraestructuras además de planes casi inagotables para sostener el empleo formal. De momento los datos no son malos a tenor de la gravedad de los confinamientos y la detención absoluta del gasto familiar y la inversión privada.
En Bolivia, sin embargo, hay cierta indefinición en el tema. Por un lado, se oye a Gobernadores hablar de recortes casi cosméticos – temas salariales, como Luis Fernando Camacho en Santa Cruz – y otros de recorte de programas sociales y sanitarios, como en el caso de Oscar Montes en Tarija. El efecto, con seguridad, será mayor desempleo, menor gasto, más incertidumbre, menos inversión, y eso que nuestra economía sigue siendo tan de subsistencia que apenas tiene elementos básicos para un análisis de largo plazo.
A nivel Gobierno, Luis Arce vive en la dicotomía de lo que prometió ser, de lo que es y de lo que puede ser. Es verdad que Bolivia tuvo superávit fiscal en los años de bonanza económica y déficit en los siguientes al derrumbe del precio del petróleo en 2014-2016, pero la medida contracíclica no parece el resultado de una política consciente sino de que realmente los precios se dispararon hasta límites no calculados.
Algo parecido ha pasado con la política salarial y de empleo, en la época de bonanza se han impulsado alzas salariales por encima de la inflación y en estos momentos se exige moderación hasta el punto de incrementar apenas dos por ciento al mínimo y nada al resto, pero realmente es el resultado de años de hostigamiento a unas empresas que no han podido crecer porque su poco margen de inversión logrado se ha ido a pagar políticas salariales de profundo cariz electoral.
Lo que parece evidente es que el Gobierno se va a seguir endeudando bien a través de créditos o bien a través de una enorme emisión de bonos soberanos preparada por cierto por el Gobierno de Jeanine Áñez, pero que será empleada por el Gobierno de Luis Arce. Es cierto también que el Gobierno tiene margen en relación al PIB, aunque este se esté destruyendo de forma más profunda de lo que evidencia el indicador.
Desde los círculos empresariales ya advierten que el problema es la indefinición del Gobierno en los asuntos clave y el sometimiento de la política económica a la electoral, y esto en un momento de radicalidad y dificultades invita a tomar todas las precauciones ante cualquier forma de totalitarismo.
